La Comunidad de Madrid y Goldman Sachs, en el punto de mira de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción va a iniciar diligencias sobre la venta, en octubre de 2013, de casi 3.000 pisos públicos protegidos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo estadounidense Goldman Sachs por 201 millones de euros. Además de las viviendas, la operación de compra incluía 3.084 plazas de garaje, 1.865 trasteros y 96 locales comerciales.

Lo hará tras tomar en consideración el juez Juan Antonio Toro, titular del juzgado de instrucción 48 de Madrid, la propuesta del Grupo IX de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) para que sea la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que investigue este tema.

Denuncia del PSOE

Entiende la Udyco que es la Fiscalía Anticorrupción «la más adecuada para investigar los hechos delictivos que se imputan en el procedimiento». El que fue abierto en ese juzgado el pasado año tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid.

Y el juez hace suya la propuesta policial, al señalar en una providencia que se ponga en conocimiento del Ministerio Público el oficio de la Udyco «con el fin de que emita el informe interesado respecto a las diligencias de prueba solicitadas en su día por las acusaciones».

Informe de la Udyco

La unidad policial adscrita a la Brigada Provincial de Policía Judicial respondía con su oficio al requerimiento del juez encaminado a realizar las gestiones oportunas entre empresas y personas físicas que formaron parte de la licitación pública y de las adjudicatarias finales. Un informe en el que se recogen los datos del Registro Mercantil  de la gestora Azora, de Goldman Sachs y de Encasa Cibeles, la empresa a la que fueron traspasadas las viviendas.

Ante el giro dado en la investigación con la entrada en liza de la Fiscalía Anticorrupción, Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI), cree que se debe «a que deben de haber visto algo, sino lo más lógico es que hubieran archivado el caso y ya está».

Críticas al juez

No obstante, el portavoz de los afectados se muestra un tanto crítico con el juez. Entiende que, en las diligencias previas seguidas en el procedimiento abreviado, «no se han llevado a cabo todas las pesquisas».

Alude a que, además de interrogar a la actual directora general del Ivima, Ana Gomendio, el magistrado debería haber hecho lo propio con su predecesor en el cargo, Juan Van-Halen –actual director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento–, y con Ángel Cavero, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Gomendio y Van-Halen

Fue precisamente Gomendio la que en su declaración ante el juez, el pasado 9 de septiembre, en calidad de imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se autoexculpaba de responsabilidad alguna al señalar que, cuando llegó al cargo, ya estaba en marcha el proceso de licitación del concurso iniciado por Van-Halen.

Ahora, los demandantes esperan que Anticorrupción desentrañe algunas de las incógnitas que sobrevuelan sobre este caso. Entre ellas, la de si realmente la Comunidad de Madrid llegó a cobrar la totalidad de los 201 millones de euros en que se adjudicó el concurso a Goldman Sachs, a través de la gestora Azora. «Es una de las cosas que hemos pedido que se esclarezcan», apunta Villalobos.

Promociones hipotecadas

Los afectados creen que no toda esa cantidad fue realmente cobrada, debido a que 9 de las 32 promociones no habían sido pagadas en su totalidad por el Ivima, y existían sobre ellas cargas hipotecarias.

De esta manera, sospechan que la Comunidad de Madrid solo percibió las cantidades por las 23 promociones acabadas y que, con las 9 hipotecadas, lo único que hicieron fue cambiar la titularidad del préstamo –del Ivima a Encasa Cibeles–, de manera que la empresa de Goldman Sachs está pagando las hipotecas con las rentas que abonan los inquilinos, según los afectados. «No nos dimos cuenta de este extremo hasta que, por casualidad, pedimos en el registro una nota simple de una promoción», señala Villalobos.