El juez del Madrid Arena medita si sentar en el banquillo una empresa de Mónica de Oriol

El curso empresarial en Madrid comienza con una de las dirigentes patronales salpicadas por el cierre de la instrucción del caso Madrid Arena. El proceso señalará 16 acusados y penas pendientes de asignar de 12 años de cárcel. El juez Eduardo López publicará el auto esta misma semana. Uno de los supuestos responsables de la desgracia es la empresa Seguriber, que se encargaba de la vigilancia del recinto deportivo, entregado a la fatídica macro fiesta la noche del 31 de octubre de 2012. Esta compañía de seguridad es propiedad de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios.

El lobby lleva años sin tocar poder en la capital, pero su máxima representante ha logrado sonoros titulares a raíz de la chulería con la que plantea sus tesis económicas más orwellianas, aunque éstas, a veces, se confundan, por cómo las plantea De Oriol, con la ultra derecha francesa. Ella fue quien insultó a más de un millón de jóvenes españoles sin empleo ni estudios en curso, los conocidos con el sobrenombre de ninis. Dijo “no valen para nada”. La polémica la forzó a disculparse.

La resolución del Madrid Arena se dividirá en tres y responderá a otros tantos momentos de la tragedia: antes, durante y después. Se imputarán distintos delitos en función del presunto grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en la muerte de las cinco jóvenes. Los principales señalados podrían responder por homicidio imprudente, con penas de hasta 12 años de cárcel. Seguriber no está en el grupo principal, pero ha permanecido en la lista del fiscal durante la instrucción aunque exoneró de la causa a 14 de los 26 imputados iniciales.

Delitos de lesiones

El Ayuntamiento de Madrid confío en la compañía de De Oriol para completar los servicios de Kontrol 34, el grupo que el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, requirió para controlar los accesos. En esta última compañía y en Diviertt, la sociedad de Flores, recaería la máxima responsabilidad de permitir el exceso de aforo. Según las investigaciones había, aquella noche, exceso de capacidad, puertas de emergencia cerradas, escasez de controles… Este cúmulo de circunstancias habría desencadenado el desdichado resultado: una avalancha humana mortal.

Debido al papel secundario de Seguriber, si el juez decide acusar al grupo de De Oriol, cómo máximo respondería de nueve delitos de lesiones. Una vez dictado el auto, los implicados tendrán un mes para presentar recursos y escritos de calificación. Tras este procedimiento, el caso se trasladará a la Audiencia Provincial de Madrid. El alto organismo tendrá la potestad de revisar el número de acusados que proponga López esta misma semana. Después se abrirá el juicio oral.

Pedigrí empresarial

De concretarse ese recorrido legal, sería el primer disgusto que Seguriber se lleva por sus intensas relaciones con las administraciones controladas por el Partido Popular. La conexión de De Oriol con el presupuesto público tiene hondas raíces. El grupo de seguridad creció en el País Vasco, ofreciendo protección de ETA a políticos y empresarios. Aunque la banda terrorista ha cesado en su actividad delictiva desde 2011, Interior le inyectó 4,73 millones en 2013. Además, le ha asignado una “prueba piloto” en la cárcel de Zaragoza por 879.000 euros este mismo año.

De Oriol está a punto de finalizar el mandato en el Círculo de Empresarios. Pero, a pesar de un futuro incierto y de sus polémicas, desea presentarse a la reelección. En 2012 sustituyó a Claudio Boada con el aval de pertenecer a una saga industrial con pedigrí. Su bisabuelo fundó la histórica Talgo y su padre, Miguel de Oriol, es el arquitecto que diseñó la torre Europa, en el complejo de Azca. Justo enfrente de la icónica torre Picasso.