El ICF sacó de su balance la mayoría de créditos de Spanair en septiembre pasado

Andreu Mas-Colell se sacó de encima el muerto y se lo pasó a su colega del Govern Francesc Xavier Mena. Pese a ser el principal financiador de la quebrada aerolínea catalana, el Institut Català de Finances (ICF) sólo se apuntará en su balance un quebranto directo de 9,5 millones de euros. Esa cantidad es la que el ICF aportó a un crédito sindicado de 50 millones de euros en el que participó un pool de bancos en 2009 y que lideró La Caixa.

Las constantes pérdidas de la aerolínea llevaron al gobierno tripartito de José Montilla a renovar la financiación de Spanair. En el verano de 2010, Antoni Castells –entonces conseller de Economia i Finances– autorizó al ICF para prestar otros 30 millones de euros a la compañía de aviación que preside Ferran Soriano y que se halla en situación judicial de insolvencia.

Aquella financiación se instrumentalizó en dos partes: de los 30 millones, 10 fueron concedidos como préstamo participativo por el propio instituto de crédito público, mientras que los 20 restantes se firmaron en nombre de la filial ICF Holding, un instrumento de capital riesgo para financiar proyectos y empresas.

Accionista público

En ambos casos, según han confirmado fuentes del Govern consultadas por Economía Digital, las operaciones se instrumentalizaban como préstamos participativos. Es decir, en caso de impago de la deuda, el prestador se convierte en accionista de la sociedad deudora en proporción al principal pendiente.

Pero el ICF, ni la filial ICF Holding, serán accionistas de la quebrada Spanair, puesto que una de las primeras medidas del conseller Mas-Colell fue la eliminación del ICF de todas estas participaciones empresariales para centrar al instituto público en su verdadera finalidad: conceder financiación para las empresas. En septiembre de 2011, Avançsa compró los créditos participativos al ICF.

Participaciones endosadas

Eliminar el riesgo en Spanair no ha sido la única operación de traspaso de participaciones empresariales. A finales de diciembre pasado, ICF Holding también le endosó a la administración de la Generalitat la participación que poseía en Fira 2000, y que suponía el 19,48% del capital, valorada en 52 millones de euros.

Sacar del balance del ICF estas participaciones no sólo permite inyectar fondos en el instituto público, sino que sanea las cuentas ante las agencias de calificación y los mercados financieros, que podrían interpretar que el organismo público concentraba un elevado nivel de riesgo empresarial.

Riesgos individualizados

El ICF mantiene, además, riesgo crediticio con varias empresas vinculadas a Spanair. Se trata de los grupos empresariales que formaron la sociedad Volcat (una instrumental de Femcat en la que participaron varios empresarios de esta fundación empresarial nacionalista). Salvo en el caso de Jaume Roures y su socio Tatxo Benet (Mediapro y diario Público), que participaron con un capital de unos cuatro millones de euros, el resto de accionistas aportaron un millón de euros cada uno. Esas cantidades no se desembolsaron de sus propios recursos, sinó que las financió el ICF.

Los créditos, que tienen un patrón común al estar destinados al mismo objetivo, fueron concedidos por el ICF con condiciones diferentes de precio y amortización. Fuentes del Instituto se han negado a confirmar si existió un prolongado tiempo de carencia, tal y como han informado otros medios empresariales a Economía Digital, pero sí que aseguran que no existe hasta ahora ningún impagado.