El Gobierno se olvida de la tasa RTVE para Netflix y HBO

Plataformas como Netflix y HBO deberán destinar parte de su catálogo a obras cinematográficas españolas y tendrán que cumplir con otras reglas que las equiparan a las televisiones privadas en España. Pero la nueva legislación que fija el nuevo marco para estos operadores, la Ley General de Comunicación Audiovisual, no cubre la financiación de Radio Televisión Española (RTVE), un aspecto que sí respetan cada año televisiones que emiten en abierto y cerrado en España, desde las de los grandes grupos mediáticos (Atresmedia y Mediaset) hasta las de los operadores de telefonía (Movistar+).

Se trata, por tanto, de un agravio comparativo para el resto de operadores. Desde que TVE renunció a financiarse vía publicidad, cadenas como Telecinco y Antena 3 — también televisiones autonómicas y locales, con alguna excepción— están obligadas a dedicar un porcentaje de su negocio a la cadena pública, como compensación por poder aprovechar parte del mercado al que renuncia la corporación.

A este respecto, la propia administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, explicó este mes de junio que la nueva directiva audiovisual debía «contemplar que las aportaciones las hicieran todos los operadores que realizan servicios, incluyendo a las plataformas que en 2009 no existían», en clara alusión a las grandes multinacionales que emiten vídeo por internet.

La tasa RTVE ha despertado mucha polémica desde su implantación. Los operadores privados como Movistar+ han llevado ante los tribunales esta medida. Y es que, hasta 2018, Telefónica, Orange y Vodafone habían pagado en ocho años un total de 1.074 millones de euros a modo de peaje (0,9% de sus ingresos brutos anuales). La aportación, salvo la caída que se registró durante la crisis económica, no dejó de crecer desde 2014 gracias a los buenos resultados de las diferentes compañías en los últimos años.

Netflix y HBO sí financiarán obras europeas

El nuevo marco legal, no obstante, sí determinará que Netflix y HBO tengan que destinar el 5% de sus ingresos en España para financiar obras audiovisuales europeas.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Economía, inciden en que ese porcentaje no corresponde a la facturación que reflejan sus filiales en sus balances —la mayoría declaran ingresos por publicidad, marketing y servicios de apoyo a la matriz—, sino a lo que realmente generan en España.

Se establecerá una división entre grandes y pequeñas compañías. Por ejemplo, las que facturen más de 50 millones de euros tendrán que destinar un 5% de sus ingresos a financiar series y cine. Deberán hacerlo con producciones independientes y también con obras cuya lengua sea cualquiera de las oficiales en España. 

Se trata, en esencia, de la adaptación de la normativa europea en materia audiovisual que fue modificada en 2018 e indicaba que Netflix, al igual que todas aquellas plataformas que ofrezcan sus servicios de streaming, debía incorporar a su catálogo un 30% de contenidos producidos en Europa.

Esa transposición marcaba que Bruselas daba a los Estados miembros como España dos años para adaptar su legislación local a las leyes comunitarias.