El Gobierno prohíbe las prácticas medievales en la distribución de alimentos

Las grandes marcas y cadenas de alimentación estarán obligadas a firmar contratos escritos con los agricultores y sus pequeños proveedores. La nueva ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada recientemente y que entrará en vigor a finales de año, intenta poner fin a una práctica extendida en el sector: el contrato verbal.

La dura competencia y la nueva realidad del mercado han tensado al máximo a los eslabones débiles, que suelen estar sometidos a las cambiantes condiciones que les imponen los clientes. “Los fabricantes de cervezas o refrescos, por ejemplo, podían cambiar de forma unilateral los contratos por cualquier motivo. Cuando un pequeño distribuidor depende de una gran marca, muchas veces tenía que aceptar y callar”, explica el director general de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración (Fedishoreca), José Manuel Fernández.

Se acaba el libertinaje

La práctica solía estrangular o poner al límite a pequeñas empresas que dependen, en buena medida, de un supermercado o de un fabricante de primeras marcas. Ahora, las modificaciones de los contratos tendrán que ser pactados por ambas partes. El contrato escrito será obligatorio para los agricultores, las pymes y las empresas que dependan en más de un 30% de una gran cadena.

La nueva ley ha sido aplaudida públicamente por todos los sectores, aunque ha causado reticencias en algunas cadenas de supermercados. La asociación ACES, a la que pertenecen Carrefour, Eroski y LIDL, considera que la nueva norma debió tener un enfoque diferente, menos intervencionista.

La guerra de las cuotas

La ley también fue recibida de forma satisfactoria por Promarcas, la asociación que agrupa a los grandes fabricantes de primeras firmas como Cola-Cao, Nestlé, Danone y Coca-Cola, entre otros y que pretendía llegar mucho más lejos.

“Va en el buen camino: prohíbe la modificación de contratos de forma unilateral que daba pie a muchos abusos. A veces las cadenas de supermercados exigían pagos para hacer actividades promocionales sin ningún tipo de justificación. Seguiremos trabajando para lograr que las primeras marcas estén en igualdad de condiciones que las marcas del distribuidor”, explica Ignacio Larracoechea, presidente de Promarcas.

Los grandes supermercados, con Mercadona al frente, lograron frenar el verdadero objetivo de las primeras marcas: imponer una cuota mínima de presencia en los supermercados, una exigencia “absurda y sin sentido”, según los supermercados. “En el tema de la competencia entre la marca del distribuidor y la de los fabricantes, la nueva ley no aporta nada nuevo. Remite a la ley de marcas y a la ley de competencia desleal”, explica Ignacio García, director general de Aceda, la patronal a la que pertenecen Mercadona y DIA.