El Gobierno crea un organismo para investigar el ‘ecopostureo’ y evitar denuncias aisladas como la de Iberdrola a Repsol

El ‘ecoblanqueo’, ‘greenwashing’ o ‘ecopostureo’ tiene los días contados en las grandes empresas, sobre todo las energéticas, puesto que el Gobierno ya ha puesto en marcha la Ley de Consumo Sostenible que investigará estas prácticas comerciales y publicitarias que buscan maquillar ciertas acciones medioambientales. Hasta ahora no existía ningún órgano que de manera activa investigase esta situación. En dos años se quiere tener todo listo.

El inicio del trámite de la ley por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, había pasado relativamente desapercibido. Pero la denuncia que ha presentado Iberdrola contra Repsol, presuntamente por realizar estas prácticas de ‘ecopostureo’, ha puesto de relieve la importancia de que exista un organismo con facultad propia para investigar.

Según explican fuentes del sector publicitario a ECONOMÍA DIGITAL, en estos momentos no existe una autoridad específica dedicada a estas cuestiones.  

Hay distintas autoridades judiciales y administrativas, y tanto generales como sectoriales, que son competentes según la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Consumidores y Usuarios y las diferentes leyes sectoriales (autoridades financieras, tráfico, salud, justicia…), pero nadie con funciones proactivas. Ahora se quiere poner fin a esta situación. 

Desde el Ministerio de Consumo no pueden dar una fecha concreta sobre el desarrollo legislativo, puesto que dependen de varios factores, tanto de los plazos de la tramitación interna nacional como a nivel de la Unión Europea.  

Pero según explican a ECONOMÍA DIGITAL, se trata de un compromiso del ministerio, tal y como anunció el ministro Bustinduy. Aunque sí tienen un marco temporal para que las empresas puedan estar prevenidas. 

Un plazo razonable 

Fuentes ministeriales aseguran que todas las normas de este tipo tienen un plazo transitorio para su efectividad. En este caso concreto, y por mandato de la Unión Europea, estas normas deberían estar vigentes en marzo de 2026.  

Aseguran que ya están avanzando en su incorporación a la normativa interna para que todos los agentes y partes implicadas tengan el tiempo suficiente para incorporarlas a sus procesos internos. 

Recuerdan desde el Ministerio de Consumo que como con cualquier nueva medida, las autoridades llevan a cabo campañas de control para garantizar su cumplimiento. Asimismo, también es muy importante la labor de los diferentes agentes que pueden denunciar los incumplimientos de la normativa, alertan desde el ministerio. 

El objetivo de la ley es que todas las prácticas que tengan que ven con el ‘ecoblanqueo’ , ‘greenwashing’ o el término que se prefiera, no lleguen a los consumidores de la manera en que se hace ahora. 

Se considerarán prácticas desleales las afirmaciones medioambientales genéricas como «respetuoso con el medio ambiente», «amigo del medio ambiente», «verde», «bueno para la naturaleza», «ecológico», «inocuo para el medio ambiente», «respetuoso con el clima» o declaraciones similares cuando no pueda demostrarse ningún comportamiento medioambiental excelente reconocido. 

La disputa entre Repsol e Iberdrola 

El ‘ecopostureo’ está de actualidad por la denuncia que ha puesto Iberdrola a Repsol. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán acusa a la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz de que sus publicidades no se ajustan a la realidad de su negocio en materia ambiental.

Alegan que eso es competencia desleal, supuestamente porque cuenta a los potenciales consumidores cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad que no son del todo ciertas. 

Más allá de las dispuestas comerciales entre compañías que ahora son competidoras en el negocio de la electricidad, en pocos meses habrá un organismo que dictamine de forma proactiva si estas prácticas son desleales o no.