El escudo antiopas del Gobierno queda sin efecto tras decaer el decreto ómnibus
Finaliza la protección a las inversiones extranjeras en sectores clave
Josep Sánchez Llibre y Francisco Reynés. Imagen: Foment
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El blindaje a empresas estratégicas queda sin efecto
A partir del 23 de enero, el conocido como ‘escudo antiopas’, que ofrecía protección a las inversiones extranjeras en empresas estratégicas, ha sido declarado nulo tras el rechazo del decreto ómnibus por parte de los partidos PP, Vox y Junts, así como la abstención de UPN. Esta medida, que mantenía la supervisión del Gobierno sobre inversiones que superaran el 10% del capital en empresas cotizadas y 500 millones de euros en empresas no cotizadas, ya no está en vigor.
Consecuencias de la derogación
El ‘escudo antiopas’ otorgaba al Ejecutivo la capacidad de examinar inversiones extranjeras directas realizadas por inversores de la UE y de la AELC, así como aquellas realizadas por residentes en España que tuvieran su titularidad real en inversores internacionales. Con la derogación, se abre un periodo de desprotección para las compañías españolas hasta que se apruebe un nuevo decreto en el Consejo de Ministros, seguido de un plazo de 30 días para su convalidación en el Congreso.
Historial de aplicación y futuros retos
Desde su implementación en 2020 durante la pandemia, el Gobierno ha utilizado esta normativa de forma escasa, desautorizando una sola operación de las 264 evaluadas hasta finales de 2023. Este blindaje se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 para proteger sectores de interés nacional. Sin embargo, su eficacia ha sido cuestionada con una tendencia a aprobar la gran mayoría de las inversiones sin medidas de mitigación de riesgos.
El papel de los inversores internacionales
El análisis de inversiones revela que Estados Unidos ha liderado las solicitudes de inversión bajo este esquema, mientras que se ha observado una disminución del interés por parte de inversores chinos. En contraste, se mantiene el interés de Emiratos Árabes Unidos. A pesar de la derogación, el Gobierno sostiene que Perú guarda un marco regulador flexible, permitiendo así que España siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa, sin descuidar los intereses estratégicos nacionales.
