El caso Torres salpica a España en el Parlamento Europeo
Un exdistribuidor de la marca catalana pide investigar a España por los fraudes con las subvenciones al vino
El cerco judicial contra el productor vitivinícola catalán Torres ha llegado a Bruselas. La antigua empresa distribuidora de Torres en Bolivia, Paraguay y Uruguay, San Jorge Import Export, ha acusado a España ante el Parlamento Europeo por no haber controlado las ayudas comunitarias al sector del vino.
Según la denuncia, Torres, con presencia en 150 países, desvió las ayudas europeas para la exportación de vinos a paraísos fiscales. La acusación, que también está siendo investigada por el juzgado número 29 de Barcelona, asegura que España no ha controlado que los fondos europeos OCM (Organización Común de Mercado), que subvencionan las acciones de márketing del vino en el exterior, se dediquen a los fines estipulados por la Unión Europea.
El desvío
Torres utilizó una trama empresarial internacional para defraudar los fondos europeos, según la denuncia. El productor catalán presentó facturas de empresas fantasma en Estados Unidos como Provintra o Promotora de Mercadotecnia para justificar las ayudas.
Con las facturas de campañas de márketing publicidad inexistentes, Torres cobraba las subvenciones en su cuenta del Banco Santander en España. De allí, la multinacional vitivinícola transfería los fondos a la cuenta de Miguel Torres USA. El dinero, finalmente, era enviado a cuentas en Irlanda, Andorra y Bahamas, según los mismos datos. La empresa denunciante considera que España no ha garantizado el correcto uso del dinero europeo.
Tentáculos en el exterior
La multinacional catalana suele tener acciones en buena parte de los distribuidores que son acusados de producir facturas falsas para tramitar las ayudas europeas. Los demandantes sospechan que hay connivencia entre el distribuidor y productor, pero la empresa niega todas las acusaciones.
Torres reconoce que tiene participaciones en los distribuidores de México, Reino Unido, Noruega, Finlandia e India, pero asegura que la estrategia forma parte de su sistema comercial internacional y no busca evadir impuestos ni desviar subvenciones. La compañía ha declarado que respeta la legislación de todos los países donde opera y que paga sus impuestos en España. Torres también ha negado tener cuentas en Suiza y Bahamas.
La ruptura
El distribuidor sudamericano ha abierto una guerra judicial contra el productor de vinos a quien representó durante más de 25 años en Bolivia. Después de las reclamaciones por unos contenedores que llegaron a Chile con productos próximos a su fecha de caducidad, Torres rompió las relaciones comerciales con el distribuidor que había logrado convertir a Bolivia en el cuarto mercado más importante para sus marcas de brandys.
Ahora la empresa boliviana afronta una situación financiera delicada y está dispuesta a llevar hasta el final la investigación contra su antiguo proveedor.
