Torres afronta una denuncia por fraude fiscal en España y México

Bodegas Torres, uno de los principales exportadores de vino del mundo, prepara su estrategia para defenderse de las denuncias de fraude fiscal que investiga el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona. El distribuidor boliviano San Jorge, que trabajó con la firma catalana durante más de 25 años y que fue expulsado de la red de distribución por desacuerdos comerciales, ha iniciado una ofensiva legal contra la firma vitivinícola catalana. Su antiguo colaborador acusa a la multinacional que preside Miguel Torres de urdir un entramado financiero entre México y España para evadir fondos mediante sobrefacturación, así como de desviar las ayudas europeas a paraísos fiscales.

La empresa ha incluido en su equipo de defensa en este contencioso a Cristóbal Martell, el abogado penalista que asesora las grandes denuncias de fraude fiscal de Catalunya, entre las que destacan las de Jordi Pujol, Leo Messi y el FC Barcelona.

Las acusaciones que investiga el juzgado barcelonés, y que han sido remitidas al fiscal para la elaboración de un informe, ubican en México el epicentro de la trama corrupta, según ha podido saber este medio. El distribuidor mexicano La Negrita DF (donde Torres cuenta con un 10% de participación accionarial) inflaba la facturación de las cajas de brandy, que tienen un precio cercano a los 50 dólares (unos 37 euros).

Familias de alcurnia

La Negrita abonaba un 20% adicional al precio oficial a su proveedor, según las suposiciones de los denunciantes que ahora investiga la justicia mediante la apertura de diligencias previas. El sobreprecio era destinado desde España a empresas fantasma en paraísos fiscales por supuestos trabajos de márketing y publicidad. El dinero desviado en connivencia entre ambas compañías no tributaba ni en México ni en España ni en ningún otro país, según los mismos datos incluidos en la denuncia.

¿A qué obedecía esa presunta colaboración en la evasión? La Negrita es propiedad de la familia mexicana González González, con una tradición de más de 125 años en destilerías en el estado de Jalisco. Además de socios, los González y los Torres fabrican conjuntamente los tequilas Sierra y Rocado. Es decir, poseen intereses comunes.

Sólo en brandy, Torres vende más de 1,5 millones de cajas anuales en México, lo que supone cerca de 75 millones de dólares en ventas , unos 57 millones de euros.

Torres alega desconocimiento

Bodegas Torres negó oficialmente hasta el martes tener conocimiento de la existencia de los hechos ni de la denuncia. Sin embargo, los abogados Àngels Rosell, Juan José Pintó y el experto penalista en fraudes fiscales Cristóbal Martell se reunieron el 31 de julio pasado con los abogados de la parte demandante para conocer los términos de la acusación. La reunión se celebró en el despacho barcelonés de Pintó Ruiz & Del Valle, según han confirmado los abogados del distribuidor boliviano.

«Les informamos del alcance de la denuncia, aunque era algo que ya conocía porque este asunto viene de lejos», explica uno de los letrados que representa a los denunciantes, Luis Miguel Falomir. Torres asegura de manera oficial que no dispone de notificación alguna del procedimiento legal en curso. También niega que Martell sea su abogado y asegura que la única letrada en la que se ha delegado el pleito es Àngels Rosell, encargada de los asuntos jurídicos de la compañía.

De un incidente comercial a una batalla legal

Un incidente de principios de 2014 abrió la espita del enfrentamiento. La retención de cuatro contenedores de caldos de Torres en Chile y las multas millonarias por la llegada de productos con fecha próxima a la caducidad abrió una batalla sin cuartel entre el distribuidor regional y el productor catalán. Mientras que San Jorge admite mantener una deuda del entorno de 60.000 euros con Bodegas Torres, la firma catalana asegura que la cifra sería hasta diez veces superior y que, por fortuna, cuenta con una cobertura del Cesce, especializado en realizar seguros a la exportación de empresas españolas.

La distribuidora boliviana desconoce la deuda porque los contenedores fueron retenidos en las aduanas de Arica, en Chile, por tener una fecha cercana a la caducidad. Por lo tanto, aseguran, nunca entraron a Bolivia. Hoy, las multas acumuladas en el puerto triplican el coste de la mercancía, según la demandante.

«Bodegas Torres negociará con Hacienda el fraude fiscal, pero yo he venido a Barcelona porque quiero que los responsables vayan a la cárcel», explica airada Adma Inchausti, la joven propietaria del distribuidor boliviano San Jorge que acumula juicios laborales y multas en Bolivia tras la ruptura con Torres.