La Justicia de EEUU ejecuta un laudo de 23,5 millones contra España por las renovables

El fallo favorece a la compañía japonesa de ingeniería JGC Corporativo, que ahora podrá iniciar procedimientos para recuperar su dinero a través de embargos

La empresa beneficiaria para iniciar procedimientos contra España, JGC Corporativo

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La Justicia de Estados Unidos ha dado luz verde a ejecutar un laudo arbitral de 23,5 millones de euros contra España por el impago a las renovables, abriendo las puertas a futuros embargos en territorio estadounidense.

El fallo judicial favorece a JGC Corporativo, una compañía japonesa de servicios de ingeniería, que ahora podrá iniciar procedimientos para recuperar sus pendientes mediante el embargo de activos comerciales de España en el país americano.

JGC se vio afectada por los cambios regulatorios en el sector energético español, sucedidos a partir del 2012, que atentaron contra la seguridad jurídica que prometió España al suscribirse al Tratado de la Carta de la Energía (TCE), según concluye un laudo del Ciadi, el centro de arbitraje del Banco Mundial, explican fuentes cercanas a los inversores afectados.

Este laudo otorgó a JGC el derecho a recibir 23,51 millones de euros y los intereses por la demora relativos al retraso de pago y los costos legales. El caso, que inició en 2015 y concluyó en 2021, involucró a las dos plantas termosolares que la empresa japonesa tenía cerca de Córdoba (Andalucía). Ante la negativa del Gobierno a saldar el pago, JGC decidió continuar con acciones legales.

Reconocer el laudo

Con la reciente sentencia, la Corte de Distrito de Estados Unidos ha desestimado los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la incompatibilidad del laudo con la legislación de la UE.

Esta decisión exige a España que reconozca el laudo y se ejecute como una sentencia estadounidense, de acuerdo con la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del Convenio Ciadi, los cuales se comprometen a reconocer y registrar los laudos para asegurar su cumplimiento.

«Al afirmar que el tribunal carecía de jurisdicción porque no tenía el poder para otorgar una compensación pecuniaria (monetaria), España confunde la jurisdicción del tribunal sobre la disputa con un error de derecho cometido durante el ejercicio de esa jurisdicción», ha escrito el juez del fallo, Rudolph Contreras, como se indica en Law360.

Esta sentencia sigue la línea de lo dictaminado este verano por la Corte de Distrito, cuando emitió otro fallo tumbando la pretensión española de detener estas denuncias alegando que EEUU debería mantenerse al margen de este tema.

En cuanto a los activos embargables de España, se han identificado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Por otro lado, los Tribunales en Australia han emitido un fallo contra el Reino de España, aunque todavía no se han iniciado los embargos correspondientes, ya que las compañías afectadas se están enfocando en otras acciones.

Además del caso de JGC, actualmente hay otros 25 laudos que condenan a España, lo que supone una deuda de más de 1.562 millones de euros en indemnizaciones, además de otros 321 millones de sobrecostes.

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