La justicia de EE UU falla a favor de las empresas afectadas por los impagos de las renovables

La Justicia estadounidense ha fallado a favor de las empresas afectadas por los impagos de las renovables por parte del Reino de España, ratificando así la capacidad de las compañías de iniciar arbitrajes en el país, según una resolución consultada por Economía Digital.

La Corte de Apelación ha determinado el pasado 16 de agosto que los tribunales de Estados Unidos tienen competencia en la ejecución de los laudos renovables de NextEra (Países Bajos) y 9REN (Luxemburgo) contra España por una suma total de 331 millones.

También anula la decisión de un tribunal de distrito que no permitía a España pedir otras medidas cautelares en otros tribunales extranjeros para evitar la ejecución, aunque esto permite abrir un frente de embargos en el país norteamericano.

La principal defensa del Gobierno español es que no puede arbitrar con otros países de la Unión Europea, como NextEra y 9REN, porque van en contra de la justicia comunitaria.

Pese a ello, España firmó un Convenio del CIADI, un centro de arbitraje con sede en Washington, mucho antes que la Unión Europea se pronunciara sobre el tema prohibiendo a los países miembro participar en tratados para resolver disputas dentro de la UE.

Estrategia

España acumula actualmente una deuda de más de 1.300 millones de dólares por 16 arbitrajes impagos ganados por acreedores afectados por el impago de las renovables, un conflicto iniciado a partir del retiro de las primas a las energías renovables en 2014.

Esto ocasionó cambios -con carácter retroactivo- en las condiciones de las inversiones que hicieron las energéticas en el país, afectando su rentabilidad, entre otras cuestiones. Y para proteger su inversión, los acreedores recurrieron a centros de arbitraje en distintos países.

Frente a ello, una estrategia del Gobierno consistió en presentar demandas contra los inversores afectados, como NextEra y 9RE, en sus países de origen con el propósito de suspender sus arbitrajes en Estados Unidos. En caso se negaran, las compañías estaban sujetas a una multa diario de 30.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Este comportamiento ha sido condenado por el Tribunal norteamericano, señalando que España ha actuado «de mala fe» intentando «intimidar» a los demandantes.

Con todo esto, la vicepresidenta Teresa Ribera se niega a pagar las indemnizaciones de los laudos perdidos, sumados a los gastos de honorarios, intereses, etc.