Directivos y trabajadores pujarán por Inoxcrom

Inoxcrom iniciará el próximo jueves un mes clave para el futuro de la compañía de bolígrafos. El 23 de agosto es la fecha límite fijada por el titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, Raúl García Orejuda, para que los interesados en quedarse con la unidad productiva presenten una oferta. El inmueble situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu, valorado en 17 millones de euros, se liquidará aparte, según fuentes judiciales.

Por el momento, sólo dos sociedades han depositado los 150.000 euros de fianza fijados por el magistrado. Una es la formada por el equipo de administración actual, liderado por Sebastià Clotet y Juan Marroquín, y la otra una cooperativa de empleados y ex trabajadores de Inoxcrom. Esta última ha reunido la aportación económica con donaciones de hasta 1.500 euros de la misma plantilla, según explican a Economía Digital fuentes conocedoras de la operación.

A lo largo del proceso de liquidación de la empresa, se ha especulado con que un fondo de capital riesgo inglés estaba interesado en realizar la consignación y pujar por Inoxcrom. Pero hasta la fecha no ha depositado la cantidad fijada en el juzgado de Barcelona.

Apertura de plicas

Con el calendario actual, García Orejuda tendrá que decidir a quién adjudica la producción de bolígrafos la segunda semana de septiembre. Antes, el 30 de agosto, se hará la apertura de plicas en la que se conocerán los detalles de las ofertas.

De entrada, la principal diferencia que ambas sociedades reconocen abiertamente es el número de empleos que quieren garantizar. El entorno de Clotet y Marroquín reconoce que emplearán a las 65 personas que hay actualmente en activo en el grupo tras el expediente de regulación de empleo (ERE) de julio. La cooperativa, por su parte, quiere dar trabajo a 150 personas. Aunque aún tienen que perfilar los detalles finales de su propuesta, comentan los implicados.

Inoxcrom solicitó el concurso voluntario de acreedores en octubre de 2009 con un pasivo de 25 millones de euros. El magistrado García Orejuda propuso inicialmente decretar agosto inhábil a efectos de la liquidación, como pasa con la mayoría de los procesos concursales, pero la situación económica de la compañía provocó que cambiara de opinión.