DIA culpa a Currás y exdirectivos de un perjuicio de 4,5M por el bonus

La cadena de supermercados aportó al procedimiento abierto un informe pericial contra su antigua cúpula directiva

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DIA ha aportado al procedimiento abierto contra su antigua cúpula directiva un informe pericial que calcula en 4,46 millones de euros el perjuicio económico causado por los demandados, al haber activado una serie de bonus gracias al maquillaje de las cuentas.

El documento, al que ha tenido acceso la agencia EFE, ha sido enviado este viernes al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, y en él se acusa al exconsejero delegado Ricardo Currás y otros cuatro de sus directivos de tener por objetivo «lucrarse ilícitamente» a costa de la compañía.

Los abogados de la cadena de supermercados que ahora controla el empresario ruso Mikhail Fridman precisan, no obstante, que estos daños económicos son únicamente parciales. Añaden que se está elaborando «otro informe pericial, que se aportará cuando esté finalizado», sobre el perjuicio derivado de un «plan de incentivos a largo plazo» que también implicó el pago de bonificaciones.

DIA afirma que el perjuicio de los exdirectivos podría ser superior a los 4,5 millones de euros

La estimación de los perjuicios realizada ahora por la cadena de supermercados (desglosados por cada uno de los cinco demandados durante los ejercicios 2016 y 2017) incluye el pago de 1,87 millones de euros a todos ellos, a los que se suman otros 2,59 millones correspondientes a las primas abonadas al resto de directivos y «managers» por el cumplimiento de las metas de la empresa.

Concretamente, Currás cobró en bonus en esos dos años 834.000 euros; Amando Sánchez, el número dos de Currás, recibió 558.700; Juan Cubillo ingresó por este concepto 305.000 euros más; Antonio Arnanz ganó en primas 104.000 euros y Luis Martínez sumó 67.500 euros a su nómina.

Los bonus bajo sospecha

La retribución variable para altos directivos se cobraba en DIA por dos tipos de objetivos: los cuantitativos (donde se tenían en cuenta el crecimiento de ventas en tiendas comparables, el ebit ajustado, las ventas brutas bajo enseña y la tesorería de mercancías) y los cualitativos, que «dependían de directrices más valorativas» pero que nunca se hubieran cobrado de saberse que se había violado el código ético de la firma.

Los peritos resaltan especialmente el caso de Currás, que fue máximo responsable de la compañía entre 2011 y 2018, ya que dada su «condición de consejero delegado contaba con un acelerador en su remuneración», por lo que «las ilícitas alteraciones» le beneficiaron en mayor medida.

En este sentido, la empresa recuerda que el antiguo consejero delegado tenía un sueldo de 600.000 euros en 2016, y sólo ese año ya cobró un bonus que le duplicó su salario.

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