Dani García: el administrador pide cinco años de inhabilitación y 2,5 millones por la quiebra de su ‘delivery’

La administración concursal designada por el Juez en el concurso de acreedores de Rima Gastronómica -la empresa de Dani García de envío de comida a domicilio- solicita para el chef español cinco años de inhabilitación para administrar empresas y el pago de 2,5 millones de euros para atender pagos debidos a diversos acreedores.

La profesional nombrada por el Juzgado Mercantil número dos de Málaga como administradora concursal de la empresa de García ha presentado su informe de calificación, en el que requiere que el concurso de la compañía sea declarado culpable.

En su informe, la administradora concursal reclama la inhabilitación «para administrar los bienes ajenos durante un periodo de cinco años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo», contra Dani García y su socia en la empresa de delivery, Laura Gutiérrez.

La inhabilitación de Dani García supondría que este tendría que dejar la administración de sus 20 restaurantes presentes en seis países, con una plantilla de más de 1.000 personas.

Una vez que la administradora concursal ha presentado su informe de calificación, se abre ahora un periodo para que los acreedores presenten nuevas alegaciones; a partir de ahí se da traslado a Dani García para que se oponga, y se señala entonces vista de juicio, posiblemente en el primer trimestre del próximo año.

García puso en marcha La Gran Familia Mediterránea a principios de 2020, a través de la sociedad Rima Gastronómica. Su constitución coincidió prácticamente con el estallido del Covid y el impulso del negocio de la entrega de comida a domicilio por los confinamientos decretados.

En 2021 abrió once cocinas en siete ciudades españolas (las conocidas como dark kitchens). A mediados de ese mismo año, la empresa aprobó una ampliación de capital de siete millones de euros previendo la apertura de otras siete cocinas. Pero en 2023 el negocio se torció y la web de la empresa dejó de funcionar, como publicó este periódico.

La administradora concursal explica en su informe que la empresa de Dani García, desde el segundo semestre de 2022, «se encontraba en situación de insolvencia concursal» y que en el primer trimestre de 2023 suscribió con sus principales acreedores, entre ellos el grupo Makro, acuerdos de aplazamiento de pago.

La empresa cumplió con esos pagos hasta junio-julio de 2023 «en el que se dejaron de abonar las cuotas acordadas, provocando el vencimiento anticipado de las restantes (…)».

En la agravación de la insolvencia, afirma la administradora concursal, «medió culpa grave del deudor, que no procedió a dar cumplimiento a su obligación de solicitar el concurso ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones de pago y el conocimiento que a dicha fecha, finales de 2022, tenia de la inviabilidad económica del negocio».

El conocimiento que el chef tenía de la situación económica de la empresa «queda puesto de manifiesto en la memoria económica aportada junto con la solicitud de concurso voluntario, en la que explica como, desde el final de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, el cambio de tendencia de consumo provocó una bajada de ventas y finalmente un estancamiento de las mismas en el año 2022«, explica el informe de calificación.

«Lo que resulta incontestable», advierte la administradora concursal, «es que la falta de depósito de las cuentas anuales impidió a los terceros que contrataron con la concursada conocer la situación financiera de la compañía (…)».

La empresa de envío de comida a domicilio de Dani García llevó a cabo entre 2020 y 2022 cuatro ampliaciones de capital. Pero «no consiguió, en los tres años que mantuvo su actividad, generar recursos propios suficientes para hacer frente a los gastos».

Esta situación financiera, «característica de las startup durante los primeros años de vida», señala, «hizo que la concursada, para el ejercicio 2023
iniciara una nueva ronda de financiación que permitiera la entrada de fondos, gestión que finalmente resultó infructuosa«.

La administradora concursal de la empresa de García advierte que, pese a la «naturaleza» de las startup, de la fuerte financiación que requieren durante sus primeros años de vida, esto «no exime a sus administradores de cumplir con su obligación de solicitar el concurso en caso de insolvencia«.

El grupo Makro es uno de los mayores acreedores de la empresa de Dani García

«Esta administración concursal, aun siendo conocedora de la carga de trabajo a la que se encuentran sometidos los Juzgados Mercantiles de Málaga», indica, «no puede dejar de apuntar como causa del agravamiento de la insolvencia el periodo transcurrido desde la solicitud de concurso necesario hasta la declaración del mismo, cerca de ocho meses (…)».

Ese retraso en la presentación de concurso afectó, sobre todo, «al devengo de los alquileres de los locales arrendados por la concursada, que en muchos casos no pudieron ser resueltos hasta el nombramiento de la administración concursal».

El retraso también generó una agravación de la insolvencia «pues a la par que los vencimientos de las cantidades aplazadas resultaban impagados, la concursada continuó con su actividad generando nueva deuda«, destaca. Así ocurrió con Makro «que tras el acuerdo de aplazamiento continuó suministrando mercancía para el funcionamiento de las cocinas cuyo importe resultó finalmente impagado«.

Además, la dilación en la declaración de concurso ha provocado «el embargo de saldos en cuentas corrientes derivados de los procedimientos iniciados cuya restitución ha resultado imposible».

La administración concursal de Rima Gastronómica requiere así la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante cinco años para el chef y que este corra con la «cobertura parcial del déficit concursal, de forma solidaria, hasta un máximo de 2,58 millones de euros».