De la calamidad de Correos a los despropósitos de Telefónica, Indra y Aena

La semana pasada, la vista judicial por la demanda de Unipost contra Correos puso de nuevo de actualidad la cuestión de la función de las empresas públicas en España, que movilizan, absorben, fagocitan o dilapidan -según los casos- ingentes recursos públicos al servicio de los intereses de los ciudadanos. Correos ha perdido la friolera de 1.500 millones de euros en los últimos años, está en alto riesgo de ser condenada en el procedimiento de Unipost, cuyo administrador concursal le solicita 300 millones por jugar sucio y causar su quiebra, y no parece que la eficiencia vaya a definir su vida en adelante…

En el argumentario de los estatistas dice que la existencia de Correos, con sus 54.000 empleados, resulta imprescindible para garantizar el servicio postal universal, ese que tiene asignado hasta el 2026. Y es verdad. Lo que no es de recibo es que la compañía pública sea la única que reciba fondos anuales con cargo a los presupuestos del Estado y que, además, distorsione el mercado, como han ido dictaminando en los últimos años tanto la CNMC como la Comisión Europea. No ocurre así en los principales países de Europa donde, por lo general, la empresa pública postal gana dinero.

Aquí es distinto y eso que también contamos con buenos ejemplos en los que la liberalización de sectores y servicios del llamado interés general han sido altamente beneficiosos. La televisión, la telefonía, la energía, los transportes aéreo y ferroviario, entre muchos otros, tienen un marco de competencia. Es cierto que, en muchos casos, la transición de un sistema al otro ha llevado a la creación de oligopolios, pero también lo es que cambiar determinadas dinámicas cuesta décadas. Y que el balance general es muy positivo porque los consumidores cuentan con una variedad, a veces limitada, de oferta, algo infinitamente mejor a no poder elegir.

Por todo lo anterior, resulta especialmente regresivo y lamentable volver a las andadas del intervencionismo rancio y estéril que avanza hoy en la política y la economía españolas. La toma del 10% de Telefónica por parte del Estado casi 30 años después de la privatización no aportará absolutamente nada ni a los accionistas ni a sus clientes ni al resto de los ciudadanos. ¿Estabilidad? Pamplinas. Si el consejo de administración y los gestores no son capaces de generar valor con su estrategia y su trabajo, la multinacional seguirá teniendo los mismos o parecidos problemas que tenía hasta ahora. Pocas cosas va a cambiar el Estado desde el consejo de administración desde una pura óptica de mercado. Y otros posibles cambios, los que tuvieran relación con oscuras maniobras de poder, mejor que no se materialicen…

La participación del Estado en la operadora no es inocua. Como en los casos de Indra o Aena, el dinero público destinado a Telefónica distorsiona el mercado al otorgar una ventaja competitiva a estas empresas frente al resto, sobre todo en los casos en los que pugnan por los mismos objetivos. El coste de capital no es el mismo para todos si hay alguien que lo tiene asegurado por decreto. ¿Solo eso? No.

A la hora de salir a vender, el aval o garantía explícita o implícita del Estado, junto con los favores e intereses que son la puerta para acceder a determinados contratos, son absolutamente decisivos. Cuando Indra compite por un contrato en alguna de sus divisiones en España o en el exterior, tampoco lo hace en igualdad de condiciones que sus rivales totalmente privados. Y lo mismo pasa con Aena -una empresa muy rentable y que proporciona ingresos importantísimos al Estado, eso sí- a la hora de pujar por la gestión de aeropuertos internacionales. Nadie niega la capacidad de gestión, ni la calidad técnica de las empresas participadas por la SEPI o por otros instrumentos de la administración central. Pero cada vez que se anuncia una operación relevante, a mí me entra la duda. ¿Do ut des? ¿Qué se habrá ofrecido a cambio, o además de, para llevarse el gato al agua?

Es imposible negar la verdad de las cosas. Todo resulta demasiado burdo. El carácter estratégico es la gran excusa y resulta tan poco creíble que su evocación ante la opinión pública es un insulto a la inteligencia. ¿Hay solución? No lo parece. El cortoplacismo de la vida política juega en contra de un cambio de paradigma. Los controles de los organismos reguladores, como se vio en la crisis de Indra de hace dos años, distan mucho de resultar eficaces, según la mayoría de los analistas.

Correos perderá el caso Unipost, previsiblemente. Pero no pasará nada. Para cuando la sentencia de este asunto sea firme, ni Pedro Saura, presidente del operador postal, ni Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ocuparán sus posiciones actuales. Quien esté ahí culpará a sus predecesores, escurrirá el bulto, lamentará quizás lo ocurrido. Y nada más. Nadie rinde cuentas a los accionistas en el caso de Correos ni los accionistas exigen responsabilidades a sus gestores. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros y hemos hecho dejación de funciones. Luego, cuando falte el dinero para lo realmente importante, no tendremos legitimidad para quejarnos.