Los consumidores de CECU denuncian a Uber por falta de transparencia en la fijación de precios

Los usuarios que utilizan el servicio solo reciben un precio estimado al solicitar el viaje, lo que genera incertidumbre sobre la claridad en el proceso de definición de las tarifas

Un vehículo VTC en Madrid. Imagen: Efe.

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La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha solicitado a la Dirección General de Consumo que inicie un expediente sancionador contra Uber, la empresa proveedora de servicios de movilidad VTC, alegando que incumplen la normativa de consumo.

Desde la organización exigen que la plataforma de transporte ofrezca información clara y detallada, tanto a los usuarios como a las autoridades sobre cómo configura sus tarifas.

Según la información disponible en la web de Uber, la empresa utiliza un sistema de precios dinámicos, lo que significa que las tarifas varían según diferentes factores como la oferta, la demanda, las condiciones climáticas o eventos especiales. Sin embargo, CECU denuncia que la información proporcionada es insuficiente y carece de la claridad necesaria para que los consumidores entiendan cómo se determinan esos precios.

Uno de los principales reclamos de la confederación es que Uber no ofrece una lista de precios de referencia ni detalla cómo influye las variables en la tarifa final. Además, no existe una lista de precios mínimos o de referencia, tampoco se especifican porcentajes, índices o fórmulas que permitan verificar si los precios se están aplicando de manera legal conforme a lo estipulado en los términos del servicio.

Los usuarios que solicitan el servicio solo conocen el precio estimado en el momento de solicitar el viaje, lo que deja dudas sobre la transparencia en el proceso de fijación de tarifas.

De hecho, la misma aplicación ofrece programar un viaje para el que si se conoce el origen y destino, pero no las posibles condiciones climáticas que habrá para este momento, así como la oferta y demanda que puede haber en ese momento.

Impacto negativo en los consumidores

César Díaz, abogado de CECU, ha expresado su preocupación sobre la falta de transparencia en el uso de precios dinámicos, cada vez más común en el mercado. Según Díaz, los consumidores desconocen los «datos que utiliza cada algoritmo a la hora de ofrecernos un precio, incluso si utiliza datos personales», lo que genera «inseguridad e incertidumbre entre las personas consumidoras, que no saben si están accediendo a la mejor oferta o si el algoritmo está ofreciendo precios más elevados en base a determinada información que desconocemos».

Una de las claves que diferencia a las empresas VTC de otras son los precios dinámicos. Consisten en ajustar las tarifas en función de determinadas circunstancias para maximizar las ganancias o reducir pérdidas.

vehiculos de transporte con conductor
Vehículos de transporte con conductor (VTC). Foto: EFE/MP

Por ejemplo, los precios tienden a subir durante los fines de semana, en temporada alta como el verano o las fiestas navideñas, mientras que se reducen fuera de temporada o en días con menor demanda, para vender los últimos productos o servicios disponibles.

Sobre este aspecto, Díaz ha señalado que «los precios dinámicos son ya una realidad muy presente en el mercado, pero hay falta de información y transparencia al respecto».

Los usuarios no pueden tomar «decisiones bien informadas»

La Confederación de Consumidores y Usuarios considera que estas prácticas violan la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la cual exige una transparencia en la información que debe proporcionarse antes de la contratación del servicio. Señalar que, cuando no es posible conocer el precio exacto de un servicio de antemano, la normativa obliga a informar claramente sobre el método de cálculo.

Por otro lado, CECU también señala que la Ley de Competencia Desleal tipifica estas acciones como «omisiones engañosas», ya que la falta de claridad y la ocultación de información clave impide que los consumidores tomen decisiones bien informadas a la hora elegir entre Uber y la competencia.

Díaz concluye recordando que la normativa europea es contundente en este aspecto: «Así lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas sentencias: debe haber una radical claridad y transparencia respecto de la información y las condiciones generales de contratación de los bienes y servicios dirigidos a las personas consumidoras»

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Cristina Tubilla Guerrero

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