La Fiscalía pide 8 años de prisión para el expresidente de la Confederació Catalana del Comerç

La Fiscalía solicitará una pena de ocho años de prisión para Miguel Ángel Fraile, quien fue expresidente de la Confederació Catalana del Comerç (CCC) y también dirigió la patronal española de comercio.

Fraile está acusado de desviar la cantidad de 778.000 euros de fondos destinados a academias de formación durante su mandato en la CCC. Esta acción condujo a la disolución de la entidad con un déficit de 2,6 millones de euros, recuerda EFE.

Fraile, quien estuvo al frente de la CCC hasta 2016, cuando se declaró en concurso de acreedores, comparecerá ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona a partir del lunes 4. Su esposa también enfrenta cargos, acusada de haber colaborado necesariamente en el desvío de fondos destinados a gastos de la entidad, incluyendo los altos salarios de ambos.

La Fiscalía está pidiendo una condena de ocho años de prisión para Fraile por su participación en un delito de apropiación indebida, o en su defecto, por administración desleal. Además, se solicita una multa de 7.000 euros para él y una pena de seis años de cárcel y una multa de 5.400 euros para su esposa, quien es señalada como cooperadora necesaria en los hechos.

Irregularidades en la contabilidad

En 2016, la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC) destituyó a su entonces secretario general, Miguel Ángel Fraile, quien previamente había dirigido la Confederación Española de Comercio (CEC) hasta 2011. La decisión se tomó debido a la pérdida de confianza en su desempeño, tras detectarse irregularidades contables en las auditorías de la entidad.

Además, el comité ejecutivo de la CCC también relevó de sus funciones a la esposa de Fraile, quien ocupaba el cargo de directora del departamento de Formación de la entidad.

Miguel Ángel Fraile había ocupado el cargo durante más de 30 años, desde 1985, cuando la entidad fue fundada para representar al próspero sector comercial catalán, que contaba con cerca de 90.000 pequeñas y medianas empresas afiliadas.

Tras estos acontecimientos, la CCC se vio obligada a disolverse con una deuda de aproximadamente 2,6 millones de euros y presentó un concurso de acreedores.

El mecanismo de los cursos de formación

Según la acusación de la Fiscalía, la Confederació Catalana del Comerç (CCC) proporcionaba cursos de formación para empresarios y trabajadores del sector, lo que le permitía recibir subvenciones de organismos como el Consorci per a la Formació de Catalunya o la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Una vez que la CCC obtenía la adjudicación de los cursos, estos eran impartidos por academias o formadores autónomos, con los cuales la organización establecía acuerdos de colaboración y les pagaba una compensación económica por cada alumno.

La CCC pagaba a los centros que impartían los cursos una parte de esta compensación al inicio, al comenzar las formaciones, y el resto tras su finalización.

Según la Fiscalía, una vez que los centros de formación habían recibido la totalidad del pago, debían depositar en la cuenta corriente de la CCC un porcentaje del monto, inicialmente del 25%, luego del 10%, y finalmente del 5%, como garantía en caso de que surgieran problemas durante una revisión por parte de los organismos públicos que habían subvencionado el curso, lo que pudiera requerir la devolución de parte o la totalidad del importe recibido.

Estas cantidades debían ser registradas por la CCC como depósitos en garantía en su activo y como acreedores en su pasivo, y debían ser devueltas una vez concluyeran las inspecciones de las entidades subvencionadas y se agotaran las opciones legales y administrativas.

Sin embargo, según la acusación pública, desde 2012 hasta 2016, Miguel Ángel Fraile, en colaboración con su esposa, desarrolló un plan para disponer de mayor liquidez para la entidad, utilizando los fondos de los depósitos de garantía para fines distintos a los estipulados.

Según la acusación fiscal, los fondos de los depósitos se desviaron para «constituir avales y realizar inversiones de bajo riesgo», y luego se transfirieron a la cuenta general de la CCC para sufragar los gastos de la entidad, incluyendo los «excesivos sueldos y dietas» de Miguel Ángel Fraile y su esposa, además de una tarjeta de uso personal que beneficiaba exclusivamente a la pareja.

Altos sueldos y dietas

Cuando llegó el momento de reembolsar los depósitos a los centros de formación, la entidad no contaba con suficiente liquidez para hacerlo, lo que causó un grave perjuicio a las academias o formadores que habían impartido los cursos subvencionados. Algunos de ellos incluso se vieron obligados a cerrar sus puertas.

Esta situación de insolvencia, de acuerdo con la acusación fiscal, fue tan grave que condujo a la solicitud de concurso de acreedores por parte de la CCC en septiembre de 2016.