Concesiones millonarias: administraciones y constructoras, en guerra
Las administraciones arrastran desde hace años juicios y demandas millonarias con las constructoras por la concesión y gestión de obras públicas
España ha pasado en una década de ser un país de inversiones y grandes obras a encontrarse en guerra, en muchas ocasiones, con las constructoras y sus adjudicatarios. Las administraciones hacen frente a una situación desoladora: obras sin terminar, empresas que se declaran en quiebra y constructoras que piden indemnizaciones millonarias.
Conflictos que suponen grandes quebraderos de cabeza y llegan incluso a los juzgados. Casos como el enfrentamiento entre Acciona y la Generalitat de Cataluña por ATLL o del túnel del AVE de España y Francia contra ACS llevan arrastrándose durante años.
Muchas de las reclamaciones se basan en una cláusula que la administración pública española incluye con frecuencia en sus contratos: la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
Si una concesión del Estado para obra pública de infraestructura no alcanza el negocio previsto, la brecha se debe contrarrestar con aportaciones que proceden de las arcas públicas. En algunas ocasiones, se paga por infraestructuras a las que no se les llega a dar uso nunca.
Almacén Castor
Eso ha ocurrido con el almacén Cástor. En el conflicto entran el ministerio de Fomento y Escal, antigua fillial de ACS y Enagás. Y también la banca. Se trata de un almacén gasista submarino en Castellón que el Gobierno cerró en 2014 por los seísmos que provocaba y que nunca llegó a funcionar. Esto se tradujo en una indemnización estatal para Escal de 1.350,7 millones de euros.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló en 2017 el decreto ley que aprobó el Gobierno por el cual se incurría en el pago de la indemnización, al considerarla inconstitucional. La decisión del TC también tumbó los pagos a la banca.
Esta semana el Santander, CaixaBank y Bankia han emprendido acciones legales contra el Estado para que les devuelva los 1.350 millones que le adelantaron para la indemnización. Así, el asunto sigue coleando y tiene varios pleitos en marcha, tanto en España como en el ámbito europeo. Mientras, el mantenimiento cuesta 15,7 millones al año, que se han ido cargando en la factura del gas de los consumidores.
De hecho, en noviembre el TS obligó al Gobierno a devolver 18 millones a los consumidores por el mantenimiento de Castor. El almacén podría desmantelarse, ya que los informes tecnológicos descartan que pueda funcionar en condiciones seguras. Algo que llevaría un alto coste económico.
Acciona y ATLL
En el caso de ATLL, el conflicto es entre Acciona y la Generalitar de Cataluña. El tema, que continúa en los tribunales, surgió por la adjudicación en 2012 de la gestión de Aigües Ter Llobregat -la principal mayorista de aguas de Cataluña- a un consorcio liderado por Acciona. Esta fue por 1.000 millones de euros a pagar en 50 años.
Tras años de litigio entre la empresa y Aigües de Barcelona, que también optó a la concesión, el TS anuló el contrato en febrero al entender que el sistema de adjudicación no fue adecuado. Comenzó así un tira y afloja para determinar las indemnizaciones al rescindir un contrato que tenía vigencia hasta 2062.
Acciona solicita 1.036 millones de euros, 305 por la liquidación y el resto en concepto de daños y perjuicios. Por su parte, la Generalitat le ofrece 53,86 millones de indemnización, tras haber cambiado su discurso por el que le pedía a la empresa que pagara 38,4 millones. Acciona se niega a abandonar las instalaciones, como debía hacer el 1 de enero de este año.
Autopistas rescatadas
Es uno de los casos que más dinero le ha hecho perder al Estado. El Ejecutivo no solo ha tenido que rescatar nueve autopistas por unos 1.800 millones de euros y gestionarlas aún sabiendo que perderá dinero, sino que además tuvo que pagar a los expropiados de los terrenos de lasautopistas cuando las empresas se declararon en concurso de acreedores.
A esto se suma la compensación de 1.500 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que le diera a Abertis por inversiones adicionales y el poco uso de la AP-7. Abertis también reclama 800 millones por la apertura de las vías gratuitas no previstas.
A los gastos se añaden las obras de reacondicionamiento por unos 300 millones de euros que el Estado asegura que tendrá que llevar a cabo. La patronal Seopan calcula que la factura del Estado por el rescate de las autopistas quebradas será de 5.000 millones, a través de responsabilidad patrimonial.
Tren cercanías a Navalcarnero
En este caso, la Comunidad de Madrid es la que le pide a la constructora OHL una indemnización de 365 millones de euros por «daños y perjuicios». Cemonasa -participada en su mayoría por OHL- paralizó en 2010 las obras del tren entre Móstoles y Navalcarnero cuya inauguración se esperaba para 2011.
La concesionaria dejó los trabajos al 30% asegurando que, entre otras cosas, faltaba la aportación de 50 millones parte del Gobierno madrileño. Además, de esta cantidad, la compañía presentó un recurso contencioso administrativo por daños y perjuicios por 370 millones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha considerado que la reclamación de 50 millones no está justificada, ya que las obras no se llevaron a cabo en el plazo estimado. OHL ha recurrido al Tribunal Supremo, donde se encuentra el caso.
Además de los costes y el dinero que ha dejado de ganar por la paralización de las obras, la Comunidad de Madrid anunció en noviembre que pagará 779.013 euros en seguridad para proteger lo construido hasta el momento.
Túnel del AVE
El AVE entre Figueras (España) y Perpignan (Francia) es un proyecto conjunto entre los Estados que se adjudicaron en 2003 ACS y Eiffage a través de TP Ferro. El contrato suponía una inversión de 1.000 millones de euros y su explotación durante 50 años.
Sin embargo, la empresa cumplió los plazos y quebró, entre otros motivos, por los retrasos en la puesta en servicio y el escaso tráfico de trenes. Tras esto, se rescindió el contrato antes de tiempo y ACS y Eiffage, reclamaron a España y Francia 450 millones de euros y negaron haber incumplido el contrato de concesión.
España y Francia no solo se negaron a abonar la compensación por la rescisión anticipada del contrato, sino que reclaman una indemnización millonaria a ACS y Eiffage. La concesión tiene adherida la cláusula RPA pero los países niegan tener obligación de compensar a los acreedores.
