Competencia incluye a Ferrovial en la investigación sobre el posible reparto de licitaciones de Fomento

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) continúa su investigación sobre la red de empresas encargadas de la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado que presuntamente se repartió licitaciones del Ministerio de Fomento.

En una nueva comunicación, Competencia ha añadido en este listado de firmas sospechosas a la división de servicios de Ferrovial. La cotizada española presidida por Rafael del Pino figura de esta forma junto a una decena de empresas del sector, como Acciona, ACS, Sacyr o OHL.

En julio de 2019, la CNMC informó de sus primeros pasos. A la vista de determinada información relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en relación con la prestación de los servicios de conservación y explotación de carreteras, miembros del regulador inspeccionaron del 17 al 20 de diciembre de 2018 distintas sedes de empresas de construcción.

Entre las seleccionadas estuvo Ferrovial Servicios, que no fue incluida en el expediente sancionador en aquel momento, aunque sí fue incluida Ferroser Infraestructuras, que es parte del grupo.

Instrucción de 18 meses

El organismo que preside Cani Fernández recuerda que la ampliación del expediente a las compañías encargadas de la conservación de carreteras «no prejuzga el resultado final de la investigación».

El periodo de instrucción y resolución máximo se mantiene. Será de 18 meses, por lo que se presupone que la investigación debería terminar antes de que finalice el primer trimestre de 2021.

«La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados», recuerda Competencia en su comunicado.

Competencia cierra su comunicado recordando la posibilidad de las empresas a acogerse al programa de clemencia, que ofrece la posibilidad a las implicadas a participar en el desmantelamiento del cártel.

Esta opción tiene como consecuencia quedar exento del pago de la correspondiente multa (o ver reducida su cuantía) y, además, seguir optando a contratos de la administración pública.