Colau da 348 licencias de motosharing a una sociedad sin web ni app

El concurso de movilidad de Barcelona, que se ha saldado con el recorte a casi la mitad del número de adjudicatarios iniciales que iban a desplegar sus motos y bicicletas en la ciudad, sigue arrastrando polémica. El ayuntamiento desveló el pasado martes quienes eran los beneficiarios de las licencias para motos compartidas que iban a prestar servicio en la ciudad. Y, pese a las críticas de algunos operadores en febrero sobre la creación exprés de empresas para obtener permisos y especular con ellos, la revisión del consistorio ha sido incapaz de poner de acuerdo a los operadores.

Una de las empresas que ha recibido, de entrada, 348 permisos para operar en la ciudad fue constituida con el capital mínimo social exigido y despierta muchas dudas. Se trata de Gecco Smart Mobility, cuya sociedad que la controla es TIRKIL INVEST SL, administrada por Damien Harris, según datos del Registro Mercantil. Este empresario está ligado a la empresa de ciclomotores Gocar, un servicio para turistas, y tiene vínculos con el negocio inmobiliario.

La empresa, que fue constituida en octubre  — la previsión para entregar las solicitudes de licencias terminaba a finales de diciembre —, no tiene su página web disponible ni tampoco una aplicación para los usuarios, como sí acostumbran a tener las compañías de motosharing.   

Pero Harris no ha aparecido como administrador de esta empresa hasta el mes de marzo —así queda constatado en el Borme—, una vez superado el primer plazo de adjudicación. La anterior administradora de TIRKIL INVEST SL era Rosa María Gorgues Rosset, conocida por tener un despacho en el que se venden lo que se conoce como sociedades de estantería (shelf companies) y por figurar con más de 4.000 cargos en 100 firmas distintas, según el Registro Mercantil.

Una web cerrada en minutos

Se da la circunstancia de que una versión anterior de la web de Gecco Smart Mobility, que se puede consultar a través de la caché de Google, muestra que la empresa utilizaba como vehículos suyos fotografías de motocicletas que no son de su propiedad, sino de Ecooltra. Como se puede ver en la imagen que aparece a continuación, la página web no estaba apenas construida. «Fabricados en Barcelona, nuestros scooters con motor eléctrico son divertidos, rápidos y ecológicos. Están diseñados para llevar a un pasajero y vienen con dos cascos», se puede leer en la versión accesible del portal.

Preguntada por Economía Digital, una portavoz de Ecooltra desmiente que el administrador de Gecco tenga algún tipo de relación comercial o accionarial con su empresa, algo que sería contrario a las órdenes del ayuntamiento. «No nos hemos presentado con otra empresa para tener más licencias», responde. La misma fuente asegura que trasladó a la empresa que borraran las fotos (minutos más tarde la web estaba cerrada).

Queda por ver si la voluntad de Gecco es operar o no con estas licencias. Las empresas tienen un mes para desplegar sus nuevas flotas, periodo que se puede ampliar a otro mes adicional si se acredita que no cuentan con las motos por razones productivas a causa del coronavirus.  

También hay que estar expectante a la reacción del ayuntamiento. El incumplimiento de los requisitos, como el no desarrollo de las flotas, conllevará la retirada de las licencias de aquellas empresas que hayan incumplido. Cada licencia definitiva tiene una vigencia inicial de 3 años, que se podrá prorrogar por un año más a criterio del consistorio previa petición del titular.

La idea de la concejalía de movilidad, dirigida por Rosa Alarcón, es ampliar finalmente el número de licencias y no repartir únicamente 348. Cuando termine ese reparto, defiende el ayuntamiento, tocarán otras 580 a cada empresa. 

Las empresas que se quedan fuera

La resolución del martes supuso un giro brusco respecto a la primera adjudicación. El Ayuntamiento de Colau pasó de querer repartir 7.000 licencias entre 21 empresas en febrero a hacerlo solo entre 12 (un 43% menos). Entre las descartadas están la alemana Wind, que ya se enfrentó con la administración en 2019, así como Ualk y Arisharing, a quienes señalaron por, supuestamente, tener lazos comerciales con la empresa de patinetes Reby, que ha tenido varias disputas con el consistorio.

Aquí puedes ver el listado de empresas preadjudicatarias.

La nueva postura llega tras las presiones y críticas del lobby Smart Mobility, que defendía que la atomización de operadores llevaba a muchas empresas a tener que hacer recortes. Una de ellas era Ecooltra, quien explicó que, con un escenario como el de la preadjudicación, iba a tener que retirar el 85% de su flota en Barcelona.

«La decisión del consistorio nos obliga a reducir enormemente nuestra flota de vehículos, que ahora tendremos que retirar; no hace falta ser un genio de las finanzas para saber que esto va a tener un impacto económico», explicó un alto directivo de una empresa de motosharing el pasado mes de febrero a este medio. 

El mismo directivo hablaba de que en el ayuntamiento eran conscientes de que se habían equivocado en febrero. Como ejemplo puso las palabras de la alcaldesa Ada Colau, quien se mostró sorprendida en una entrevista, en la que habló sobre la enorme respuesta que había tenido el concurso de movilidad con tantos solicitantes.