Las motos compartidas se lanzan contra Colau por la nueva regulación

El plan de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona​, liderado por la alcaldesa Ada Colau, ha caldeado los ánimos en el sector. El reparto de plazas entre más operadores de los habituales es una medida que se traducirá en un hachazo a los ingresos de las compañías que ya operan y que se habían desplegado hace años. Este coctel tendrá un añadido: la oportunidad para los nuevos adjudicatarios, algunos desconocidos en el sector de la movilidad, para especular con sus plazas obtenidas, como ocurrió en Madrid con los patinetes. Las empresas ya han enfurecido y piensan qué medidas tomar para presionar al consistorio y conseguir que dé marcha atrás.

La polémica tiene días. El Ayuntamiento de Barcelona, tras varios meses estudiando un marco regulatorio para motos y bicicletas, tomó una decisión con inmediatas consecuencias para los operadores que ya prestaban servicio desde hace años: plazas a repartir entre más compañías (21 frente a las 5 que había hasta el momento).

«La decisión del consistorio nos obliga a reducir enormemente nuestra flota de vehículos, que ahora tendremos que retirar; no hace falta ser un genio de las finanzas para saber que esto va a tener un impacto económico», explica un alto directivo de una empresa de motorsharing de Barcelona, que no entiende cómo el ayuntamiento ha optado por esta vía.

«Ellos mismos se han equivocado y, de algún modo, lo han reconocido», dice la misma fuente al respecto. Se refiere a las palabras de Ada Colau, quien se mostró sorprendida en una entrevista con Catalunya Radio, donde habló sobre la respuesta que había tenido el concurso de movilidad con tantos ofertantes.

En el consistorio piden calma e insisten en que el proceso está en una fase de preadjudicación. Quedan días para revisar los expedientes y ver si todas las seleccionadas cumplen con los requisitos que piden la administración. «Eso no va a servir de nada, la información que solicita el ayuntamiento para pasar el corte es mínima. Van a entrar todas», recuerda el mismo directivo. 

Cierres y recorte de flotas

Si se mira con detalle el mapa de operadores de movilidad de Barcelona, Ecooltra, la empresa de motorsharing más reconocida y con presencia en otras ciudades de España (Madrid y València) y del resto de Europa (Roma, Milán y Lisboa), tendrá que reducir su flota desplegada.

La empresa contaba con 2.300 motos desplegadas ya en la Ciudad Condal y ahora tendrán que retirar el 85% de las que ya operaban. La decisión del consistorio, que en el pasado no dudó en hacerse la foto con la empresa, ha sentado como un jarro de agua fría. 

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha venido a visitarnos a nuestro stand del #MWC16 donde ha… https://t.co/iYIphuEe4X

— eCooltra (@e_Cooltra) February 22, 2016

Su reacción, de momento, pasa por un llamamiento a sus usuarios. “Te imaginas crear alguna cosa desde cero, hacerlo crecer, evolucionar y que de pronto te lo quieran quitar todo?”, han explicado desde la empresa de alquiler de motos a través de correos electrónicos a quienes tienen descargada la aplicación. El objetivo, según se especifica, es recoger firmas para hacer recapacitar a la administración.

Otra compañía que directamente ha optado por tirar la toalla ha sido Tier Mobility Spain, que había optado tanto a la adjudicación de licencias de motosharinng como de bici compartida. Ha renunciado a las dos categorías.

La plataforma Smart Mobility, que aúna a la mayoría de empresas afectadas, ultima un comunicado que lanzará esta mañana. En él defenderá que el resultado de la adjudicación inicial impone una fragmentación excesiva al sector y «podría poner en peligro el correcto funcionamiento de este modelo de movilidad sostenible y, sobre todo, generar graves perjuicios para los usuarios».

Ecooltra reducirá su flota en Barcelona; Tier ya ha renunciado a sus plazas

José Luis Zimmerman, portavoz de la asociación, afirma que «su voluntad siempre ha sido cooperar activamente con las administraciones locales para alcanzar una regulación inteligente que permita el desarrollo de la movilidad compartida».

Zimmerman añade que el Ayuntamiento «debe apoyar el crecimiento orgánico del sharing, aprovechando los beneficios que este aporta a la ciudad y a la ciudadanía, y convertirse así en una referencia de gestión a nivel internacional”.

Empresas desconocidas en el mapa de la movilidad

El segundo efecto de la normativa del ayuntamiento será la oportunidad para las empresas que hasta entonces no se habían desplegado en la ciudad. «No me queda ninguna duda de que va a haber especulación», dice el mismo directivo consultado, que prefiere no revelar su nombre y que pone en duda que haya un interés real de algunos implicados en explotar esas plazas. 

Y es que entre los adjudicatarios aparecen nombres conocidos, como Movo, el servicio de motos de Cabify, o Acciona, que tiene disponibles en otras ciudades de España sus motocicletas, pero también firmas de nueva creación cuyo propietario no es conocido ni se identifica con una empresa de movilidad relevante.

Además, de acuerdo a los datos consultados en el Registro Mercantil, la creación de muchas de estas sociedades se produjo con el capital social mínimo para constituirse y poco antes de que el ayuntamiento convocara el concurso.

La lógica invita a pensar en el precedente de Madrid, donde la regulación de los patinetes se llevó a cabo de forma parecida y cuyas consecuencias no fueron positivas para las empresas. Empezaron más de una decena de ellas y actualmente no son ni siquiera cinco las que todavía prestan servicio. Por el camino, se han producido operaciones de fusión, mercadeo de plazas y cierres temporales, como el de la empresa sueca Voi.

La movilidad y Colau

El encontronazo del Ayuntamiento de Barcelona y las compañías de movilidad no es nuevo en Barcelona ni exclusivo de las motocicletas compartidas. La alcaldesa Ada Colau ha sido protagonista de distintas polémicas, como el enfrentamiento abierto con el sector de las VTC, contra quien ha perdido en los tribunales hasta en dos ocasiones distintas, al implementar una regulación a través del Área Metropolitana de Barcelona que escapaba de sus competencias.

También ha sido duramente criticada por las tasas a la movilidad compartida. Olivier Reppert, jefe de Car2Go, servicio de coche compartido de Free Now, dejó entrever su disconformidad con la normativa catalana durante una entrevista, en la que afirmó que “nadie quiere ir donde no es bienvenido”, en una clara alusión al reglamento municipal que se preparaba en Barcelona.

Colau se las ha visto con el sector VTC, la ACCO y distintas empresas de movilidad

Otra crítica que recibió la alcaldesa llegó desde la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que preparó un informe, adelantado por este medio, en el que alertaba del carácter discriminatorio de su normativa al querer cobrar tasas a las empresas por ocupar el espacio público.

El último de los puntos de desencuentro entre el supervisor de la competencia de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona estaba en la regulación de los patinetes eléctricos, que muchas voces del sector no dudan en señalar su norma como la más restrictiva de todos los grandes consistorios.

Como muestra, dos pruebas: los patinetes de la startup alemana Wind, que habían sido distribuido a modo de test en la ciudad, fueron retirados por la Guardia Urbana y no duraron ni un día en la calle, mientras que la compañía española Reby ha recibido distintas multas, todavía pendientes de resolución, al entender desde el consistorio que no cumple con la ley.