La CNMC reduce significativamente las sanciones al cártel ferroviario tras decisiones judiciales
La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia disminuye las multas impuestas por prácticas anticompetitivas que afectaron miles de millones de euros en proyectos ferroviarios
Entrada de la CNMC en Madrid / Imagen: @raulmasa
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado una nueva decisión en relación a las sanciones impuestas a las empresas involucradas en el cártel ferroviario, disminuyendo notablemente la multa a Inabensa, una filial de Abengoa, en un 85% tras un fallo favorable de la Audiencia Nacional.
Esta resolución marca un hito en las investigaciones por prácticas anticompetitivas en el sector ferroviario, donde se había detectado la participación de 15 empresas en acuerdos que afectaron a 200 proyectos ferroviarios, valorados en más de 1.000 millones de euros, a lo largo de catorce años.
Rebaja de sanciones y antecedentes judiciales
Inabensa, cuyo control pasó a Cox Energy tras el concurso de acreedores de Abengoa, había sido inicialmente sancionada con 8,2 millones de euros por el cártel en alta velocidad, mientras que por la participación en trenes convencionales se le impuso otra sanción de 3,5 millones. Esta última fue reducida a 520.000 euros tras la resolución de la Audiencia Nacional, que limitó la duración de la conducta anticompetitiva a solo dos años, de 2013 a 2014.
El año pasado, la Audiencia Nacional también revisó las sanciones a otras compañías como Cobra, CYMI, Sacyr y OHLA, argumentando que la CNMC no había proporcionado pruebas suficientes para establecer la existencia del cártel. No obstante, se mantuvieron las multas a Siemens, Comsa, Indra y Teléfonos Líneas Centrales, consideradas proporcionales y adecuadamente motivadas.
Modus operandi del cártel ferroviario
De acuerdo con los hallazgos de la CNMC, las empresas implicadas establecían consorcios para ganar contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras, creando una falsa sensación de competencia al presentar ofertas simultáneas. Además, en el caso de las líneas convencionales, existía un sistema de «ranking» que determinaba el orden de adjudicación de los contratos. Las empresas no adjudicatarias recibían un 6% del importe del contrato como compensación.
El panorama de estos cárteles es alarmante, ya que uno de los esquemas se mantuvo durante ocho años en un periodo crítico, desde 2008 hasta 2016, afectando a 24 proyectos de electrificación del AVE con un costo de 837 millones de euros. Otro cártel se extendió entre 2002 y 2016, involucrando a diez empresas que manipularon 173 contratos de electrificación de tren convencional por un total de 134 millones en obras.
