Francisco Gómez, ex-CEO del Popular, reconoce «cuatro deficiencias» contables pero no «incumplimientos»

La que fue la mano derecha de Ángel Ron en Banco Popular se ha adherido al recurso de los auditores de PwC y defiende que no pudieron evadir ninguna normativa porque "no existía requerimiento emitido por el supervisor"

Francisco Gómez, exCEO de Banco Popular. EFE

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El ex consejero delegado de Banco Popular, Francisco Gómez, se ha adherido al recurso que presentaron los auditores de PricewaterhouseCoopers (PwC) contra el Auto del Juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.  

Gómez, quien también está encausado por el Caso Popular, defiende que el banco no se saltó ninguna normativa y reconoce que el BCE alertó a la entidad de «cuatro deficiencias» contables, «que no incumplimientos». 

El documento judicial firmado por el abogado Carlos Aguilar, del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo, incluye varios apuntes en los que desdice partes del Auto del pasado 4 de marzo del Juez Calama. La defensa de Gómez enfatiza en la normativa contable que, a juicio del magistrado de la Audiencia Nacional, se saltó Banco Popular en 2016.  

El BCE alertó al Popular de «cuatro deficiencias” y propuso “trece recomendaciones»

El recurso explica que «el Banco Central Europeo señaló únicamente cuatro deficiencias –que no incumplimientos-, pues se habían identificado en la Entidad necesidades relevantes de reclasificación y de dotación de provisiones adicionales«.  

El abogado de Gómez se refiere en esa afirmación a los resultados de una inspección del BCE de «naturaleza prudencial» que fueron reportados al Popular el 14 de noviembre de 2016.  

El documento al que, además de Gómez, se han adherido Roberto Higuera, exvicepresidente del Popular, y Jorge Oroviogoicoechea, exconsejero de la entidad extinta, remarca que, en ningún caso, la cúpula directiva del Popular eludió requerimiento alguno de los supervisores.  

El BCE «propuso a Banco Popular trece recomendaciones –que no requerimientos-, así como la elaboración de un plan de acción», detalla el recurso. La defensa de los consejeros señala que las «recomendaciones» y el plan para solventar las «deficiencias» «fue cumplido por la entidad«. 

El CEO defiende que el banco no incumplió ninguna normativa 

El ex-CEO de Banco Popular subraya un apartado del recurso de los auditores de PwC, Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, en el que indica que «no existía requerimiento alguno por el supervisor, ni Banco Central Europeo, ni Banco de España, que permitiera considerar acreditada la existencia de un incumplimiento de la normativa contable o de los requerimientos regulatorios». 

José Luis Calama dedica varios párrafos en el Auto del pasado 4 de marzo a esta cuestión, y remarca que Banco Popular dio «cumplimiento a un requerimiento del supervisor cuando este detecta que la entidad ha vulnerado la normativa«.

Gómez y el resto de consejeros que han planteado la defensa desdicen la afirmación del Juez y remarcan en su recurso que «el Juzgado Instructor decide omitir (en el Auto) tan relevante circunstancia (la inspección preventiva del BCE) para atribuir a los gestores y auditores de la entidad un presunto concierto destinado a falsear las cuentas anuales de Banco Popular». 

Los motivos  

El recurso planteado por los auditores de PwC al que se han adherido los exdirectivos del Popular destaca que «no puede fundamentarse la imputación de delitos tan graves como los recogidos en el Auto» por cuatro motivos.  

Por un lado, porque «no había emitido resultado oficial alguno en el momento de producirse los hechos»; porque «no terminó con la emisión de requerimientos (del BCE), sino de recomendaciones»; «no tuvo como consecuencia el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento contable»; y porque «no puso de manifiesto, ni comunicó a Banco Popular incumplimiento alguno de la normativa contable (…)». 

Ángel Ron, expresidente de Banco Popular. EFE
Ángel Ron, expresidente de Banco Popular. EFE

Esta defensa a las acusaciones del Juez Calama va en línea con la transmitida hace un año por Sanz Olmeda, quien explicó en la AN que el BCE no tuvo «ninguna preocupación» por la contabilidad de la entidad extinta. 

Los encausados se defienden  

Con la adhesión de Francisco Gómez ya son 12 de los 13 encausados por el Caso Popular que se han defendido de las acusaciones del magistrado de la AN. El Auto de Calama ya supera los diez recursos presentados, como indicó este diario. Las peticiones son variadas: desde el archivo a favor de PwC, hasta el enjuiciamiento de Emilio Saracho, último presidente del Popular. 

Ángel Ron ha sido el último en adherirse al recurso presentado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), que solicita a Calama que siente en el banquillo a Saracho por ser el generador de la «pérdida manifiesta de liquidez» que sufrió el Popular. 

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Alejandro Montoro

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