Celsa, en el aparador: Deutsche Bank y los fondos ya escuchan ofertas aunque tienen 9 meses para encontrar socio
Los acreedores reciben las primeras muestras de interés de compañías nacionales para entrar en accionariado de la empresa mientras el reloj empieza a moverse
Una imagen de la planta de Celsa en Castellbisbal (Barcelona).
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Nuevo punto y aparte en el caso Celsa. Los fondos de la siderúrgica escuchan las primeras ofertas para dar entrada a un socio industrial, mientras el reloj empieza a moverse. Los nuevos dueños de la acerera tienen, como máximo, nueve meses para dar entrada a una empresa nacional en su accionariado, si quieren cumplir con las exigencias del Gobierno.
Un mes después de la sentencia que les permite capitalizar 1.352 millones de euros de deuda y tras deliberar si necesitaban su ‘ok’, los acreedores de la compañía han solicitado formalmente permiso al Gobierno para tomar el control de la catalana este jueves en virtud de la ley antiopas. Antes, pactaron con el Ejecutivo de Pedro Sánchez las condiciones que deben cumplir para recibir esta autorización.
Tal y como adelantó Bloomberg, a las ya conocidas exigencias planteadas por Moncloa (mantener la sede y el centro de decisiones en España y garantizar el empleo), se sumó la venta de entre un 20% y un 25% del accionariado a un socio industrial español. Deutsche Bank, SVP y al resto de hedge founds ya contemplaban una opción de este estilo incluso antes de que el juez homologara el plan de reestructuración que les convierte en los propietarios de la empresa.
De hecho, los nuevos dueños de Celsa ya han escuchado las primeras muestras de interés. Fuentes financieras aseguran que varias compañías han llamado a sus puertas para tantear el terreno y ver si les interesa hacerse con un trozo del gigante acerero catalán.
Algunos de los nombres que han entrado en las quinielas son la extremeña Grupo Industrial CL y la vasca Sidenor, según adelantó esta semana La Vanguardia, dos de las principales empresas 100% españolas del sector con suficiente músculo como para afrontar semejante operación. Eso sí, por ahora, estas fuentes reiteran que solamente se han dado contactos informales que podrían, o no, repetirse, a la vez que indican que no existe ninguna negociación específica con ningún potencial socio.
Seis meses tras la aprobación
Sea como sea, tienen máximo nueve meses para cerrar la venta. Según el real decreto 571/2023, que regula las inversiones extranjeras en empresas nacionales, el Consejo de Ministros tiene hasta tres meses para rechazar o aprobar la solicitud de los fondos una vez se ha presentado el papeleo. Teniendo en cuenta que han acordado las condiciones que deberán de cumplir, sería de extrañar que el Ejecutivo diera un giro de volante y rechazara la toma de control.
Una vez Moncloa se haya pronunciado, se abrirá un plazo de seis meses más para ejecutar la venta de este 20% de la siderúrgica. Estas fuentes aseguran que el importe de la operación dependerá del valor de mercado y de las ofertas de los interesados, aunque, cogiendo como referencia el capital de la empresa avalado por el juez durante el proceso judicial, rondará los 500 millones de euros.
En paralelo, los acreedores siguen trabajando en cumplir otra de las condiciones del Gobierno: que el consejo de administración esté formado, en un alto porcentaje, por empresarios y representantes españoles. De momento, los fondos ya han nombrado al exCEO de Naturgy, Rafael Villaseca, como presidente del órgano.
