Trinitario Casanova afronta una guerra suicida por Madrid Nuevo Norte

El nombre de Trinitario Casanova ha estado vinculado durante los últimos años a grandes operaciones urbanísticas. A través de su grupo Baraka, el alicantino ha sido protagonista casi tanto por el mismo número de proyectos en el que ha estado implicado como por el de polémicas. Ahora, pese a las pocas posibilidades de éxito que señalan distintas fuentes, el empresario ha reactivado la última batalla: su derecho a tener un papel principal en la Operación Chamartín.

Irrumpió en escena nuevamente el pasado jueves 26 de septiembre. En un comunicado enviado desde la plataforma No Abuso explicó que había mandado distintos burofaxes a los implicados en el proyecto urbanístico: BBVA y la socimi Merlin, que ha estado interesada en llevar a cabo parte de la ejecución del proyecto, que en su mayoría está en manos de Distrito Catalana Norte (DCN), de la que el banco tiene el 75% de la propiedad. 

Casanova amenaza con paralizar el gran proyecto urbanístico de Madrid que ahora encarrila el tramo final, al necesitar únicamente el visto bueno de la Comunidad de Madrid, que previsiblemente llegará en diciembre. El empresario explica que la sociedad Baraka Holding, de la que es dueño, es la propietaria «de la práctica totalidad de los derechos de reversión» de los terrenos sobre los que BBVA y Merlin negociaban. «Se informa que en los próximos días se presentará la demanda en defensa de los derechos de los reversionistas en dicho proyecto», terminaba el comunicado.

El empresario lanzó este mensaje porque desde la primavera del pasado año es el representante de No abuso, la asociación que representa a parte de los propietarios originales que el Estado expropió para desarrollar la estación de Chamartín. Esta organización siempre ha defendido que sus miembros tienen derecho a ser indemnizados por los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral si éstos son desafectados, es decir, si se cambia el uso para el que fueron expropiados.

¿Cuál es la jugada de Casanova? Quedarse con los 1,2 millones de metros cuadrados que Renfe expropió en su día para construir la estación y desarrollar él los terrenos con su propia empresa.

La ley de expropiación y sus cambios

El problema y la complejidad de este enfrentamiento nace a raíz de la expropiación que se inició en 1993, cuando se convocó el concurso para adjudicar los derechos sobre los terrenos, que son propiedad de Renfe y terminaron cedidos a Duch, actualmente Distrito Castellana Norte.

Ese año estaba vigente la ley de expropiación de 1954, en la que se establecía el derecho de reversión en los casos de expropiación forzosa y se reconocía el derecho a recuperar los terrenos, previa devolución del justiprecio, la indemnización por la pérdida de los bienes y derechos expropiados.

El enredo por la interpretación de la ley llegaría tras la introducción de una disposición adicional seis años después. En 1999, en la Ley de Ordenación de la Edificación se incluyó una limitación temporal, de una década, al derecho de reversión ante expropiación forzosa.

Esto quiere decir que se establecen límites temporales para ejercer el derecho de reversión y se fija que no procede ejercerlo si los terrenos afectados han sido destinados al uso originariamente previsto si han pasado diez años. Es decir, sobrepasado ese tiempo desaparece el derecho de reversión.

Las sentencias que ‘olvida’ Casanova

La interpretación que los tribunales han realizado de la legislación ha provocado que la Asociación No Abuso haya intentado sin éxito una y otra vez parar el proceso de BBVA y Distrito Castellana Norte, que no ha querido comentar a este medio la maniobra de Casanova.

Una de las primeras sentencias llegó desde la Audiencia Nacional en 2009. En ella se desestima la reversión masiva de terrenos expropiados en los recintos Ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, así como otras pretensiones de la Asociación No Abuso, porque no había desafectación. La organización siguió peleando y presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta misma sentencia, pero en 2012 volvió a emitirse una resolución desfavorable.

Extracto de la sentencia de 2009 de la Audiencia Nacional.

El goteo de sentencias no termina aquí. Se emitió otra el año 2013 desde el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que también fue negativa para No Abuso, quien quiso impugnar los acuerdos de los consejos de administración de Renfe celebrados entre 1994 y 2002, en los que se aprobaba la cesión de los terrenos a Duch. En esta sentencia se daba otro motivo por el que la Asociación No Abuso no tenía capacidad para tumbar dichos acuerdos.

El documento revela que una de las causas es que «la sociedad fue constituida en escritura otorgada el día 1 de marzo de 2007, esto es, diez años después de que el contrato discutido fuera suscrito». En la misma sentencia se añadía que la asociación «se fundó con posterioridad a la aprobación de las bases del proceso de concurrencia pública para la adjudicación preferente de los derechos de Renfe, en relación con el desarrollo urbanístico del recinto de Chamartín, concretamente se fundó en octubre de 1999».

La interpretación de Casanova

Contactados por este medio, Grupo Baraka reconoce que las sentencias emitidas rechazan que, en dicho momento, no se podía apreciar desafectación de los bienes en su día expropiados. ¿Por qué? Seguían destinados al servicio de Estación Chamartín y sus enlaces ferroviarios.

No obstante, matizan que las resoluciones no entran «en el fondo del asunto». El derecho de reversión, no obstante, «sigue latente y nace en cuanto se modifica el fin que justificó dicha expropiación». 

Grupo Baraka considera que el derecho de reversión sigue latente

Dicho de otro modo, su argumento es que la justicia, al decir que no se podía reclamar el derecho de reversión porque los terrenos no estaban desafectados, ha reafirmado la existencia del derecho.

Defienden, por tanto, que en el momento en el que se desafecte el uso gracias al nuevo proyecto — cuando DCN pague 1.200 millones a Adif (antes Renfe) por esos terrenos— , sí podrán volver a la carga.

Lo que Grupo Baraka elude en su interpretación, según explican las mismas fuentes a este medio apoyándose en las sentencias mencionadas, es que cuando se desafecten los terrenos se aplicará la ley vigente, la que limita el derecho de reversión pasados los diez años.