Un fondo británico aporta 25 millones a un bufete malagueño para pleitear por el cártel de coches

El conocido como cártel de coches afecta a cerca de diez millones de personas en España que compraron un automóvil entre 2006 y 2013.

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El fondo británico IQuote, especializado en la financiación de litigios, ha acordado la inversión de 25 millones de euros en apoyar la batalla judicial emprendida por un despacho malagueño, al frente de Cartel.es, contra el conocido como cártel de coches.

La CNMC multó en 2015 a 21 marcas de vehículos, 172 concesionarios y dos consultoras por pactar precios.

El Tribunal Supremo ha ido refrendando, también este año, los argumentos expuestos por la CNMC, lo que ha impulsado la presentación de demandas en los juzgados ante una previsible sentencia favorable. Solo en 2021, el Tribunal Supremo dictó 13 sentencias confirmando las multas que impuso la CNMC a varias empresas que participaron en el cártel.

Los consumidores afectados en España se cuentan por millones, posiblemente cerca de diez millones, prácticamente todo aquel que adquiriera un automóvil entre febrero de 2006 y julio de 2013.

La investigación fue posible gracias a la solicitud de clemencia presentada por SEAT, que denunció ante la CNMC la existencia del cártel

El fondo IQuote proporcionará respaldo financiero a Cartel.es, marca comercial del despacho LegalTech Ventures, para poder afrontar todo el coste que supondrá la presentación de las demandas y comunicación.

Cartel.es se fundó en 2022 en Marbella por Paul McCaughey, Gonzalo R. García de Diego y Wilhelm Mayer, con un equipo de 30 personas, con el objetivo de representar a los afectados por el cártel de los coches.

La empresa ha desarrollado una plataforma tecnológica que facilita a los afectados presentar sus datos -facturas de compra, impuestos, permiso de circulación…- para emprender las acciones legales pertinentes.

El despacho asegura que un cliente que pagó 30.000 euros por un coche podría reclamar una indemnización de hasta 3.500 euros más intereses. Según informa Cartel.es en su web, de la cantidad conseguida por sentencia judicial se cobra los gastos legales y un 25% más IVA por honorarios.

Las compañías denunciadas por el cártel de coches representaban más del 91% de la cuota del periodo investigado, repercutiendo también a empresas que adquirieron flotas de vehículos, taxis, autónomos… Los abogados sostienen que la sanción impuesta de 171 millones de euros fue ridícula frente a los 27.000 millones de euros de negocio estimado logrado.

La CNMC defiende que el cártel de coches «intercambió de forma sistemática información confidencial y comercialmente sensible con un gran nivel de detalle«. La información abarcaba «casi todas las actividades realizadas por la red de distribución y postventa de las compañías: venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales».

Las prácticas llevadas a cabo por el cártel hicieron que disminuyera la competencia entre los distintos fabricantes de coches, afirma la CNMC. 

Esto se tradujo en políticas comerciales menos agresivas y en un menor esfuerzo a la hora de distinguirse de las otras empresas, por ejemplo, proporcionando a sus clientes servicios de más calidad. «Para los consumidores, supuso, entre otros, disfrutar de menores descuentos a la hora de comprar un coche nuevo y/o utilizar los servicios de postventa, reparación o mantenimiento», subraya.

La investigación y sanción de estas conductas fue posible gracias a la solicitud de clemencia presentada por SEAT, que denunció ante la CNMC la existencia de dicho cártel.

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