La última gran obra de Pujol acumula nueve años de retrasos
El Canal Segarra Garrigues prevé terminar las obras en 2022 y tiene provisionados cinco millones por las pérdidas futuras
El Canal Segarra Garrigues fue una de las mastodónticas obras que aprobó el último gobierno de Jordi Pujol poco antes de convocar las elecciones de 2003, a las que el expresidente catalán ya no se presentó. Se preveía que estuviera construido en 2013 pero todavía no está terminado, y la previsión es que se termine en 2022, según reconoce la empresa en la memoria que acompaña las cuentas anuales de 2016, recientemente presentadas al registro. Estos nueve años de retraso no saldrán gratis a la empresa, que tiene provisionados 5 millones para futuras pérdidas.
Aigües del Segarra Garrigues cerró el pasado ejercicio con una reducción de su volumen de negocio del 29%, hasta los 21,35 millones de euros, por el descenso en el volumen de agua comercializada. En cambio, pese a esta reducción, el resultado de la compañía mejoró y triplicó los beneficios de 2015, pasando de 1,27 millones a 3,86.
Esta diferencia entre la evolución de los ingresos y la de los beneficios se explica porque la sociedad cogió 2,5 millones de dotaciones y los pasó a la cuenta de resultados, por lo que pasaron a engordar los beneficios. Estos beneficios se dedicaron a reservas, por lo que los accionistas de la concesionaria controlada por Agbar, FCC y Copcisa no recibieron dividendos.
Aigües del Segarra Garrigues prevé sobrecostes en la construcción y en la concesión del canal
El canal redujo sus dotaciones para futuras pérdidas hasta los 5,1 millones. Estas pérdidas están previstas por un cambio en el futuro mapa de ejecución y por el retraso en las obras. Aunque ya están al 80%, no se prevé terminarlas hasta 2022, según el plan económico financiero aprobado el año pasado por la empresa. El plan también reconoce un sobrecoste del 2,5% hasta el final de la concesión, que es en 2052 –30 años después de terminar la obra–.
Este sobrecoste está provocado por unas modificaciones introducidas en los planes de explotación del canal en 2012, cuando se calculó que el volumen de consumo de agua del canal por parte de los regantes no sería suficiente para cubrir los costes de la explotación. Este no será el único sobrecoste que sufrirá la infraestructura, que sigue altamente infrautilizada, sino que se suma al de la construcción, aunque este corre a cargo de la administración catalana.
El coste presupuestado total del canal Segarra Garrigues fue, en 2002, de 1.513 millones de euros. El Estado asumió la construcción del canal principal mientras la Generalitat y los regantes corrían con la construcción de la red primaria y secundaria de riego, así como con las obras de concentración parcelaria. La parte catalana estaba presupuestada en 923,8 millones pero costará, al menos, 1.050 millones, un 13,6% más, según un informe de la Generalitat al que tuvo acceso Economía Digital.
Nuevo máximo accionista y presidente
El año pasado, la compañía concesionaria del Canal Segarra Garrigues cambió el equilibrio de fuerzas entre las constructoras que ejecutaron la obra y Agbar se hizo con la mayoría, al comprar el 20% de Copisa. FCC mantiene el 24,68%, Copcisa el 21,59%, y también siguen en su accionariado Benitó Arnó e Hijos, Constructora de Calaf, JA Romero Polo, Aqualia y Sorea.
Ya en 2017, como explicó este medio, la empresa cambió de presidente. El exconsejero de la Generalitat Josep Grau, que era su presidente desde 2011, fue fulminado y sustituido por el hasta ahora director general, Miquel Galvarriato, un perfil más técnico. Grau era consejero de agricultura cuando se adjudicó la obra y se incorporó a la concesionaria ocho años después, cuando perdió su escaño en el Parlament.
