El Govern admite un sobrecoste de 130 millones en el Canal Segarra Garrigues

El Canal Segarra Garrigues es una de esas obras faraónicas que se diseñó en época de vacas gordas y ahora está rodeada de dudas respecto a su coste, su efectividad y su futuro. El Govern, que adjudicó la construcción de toda la red de riego, ha admitido que estas obras costarán casi 130 millones de euros más de lo presupuestado.

Las obras de la red primaria y secundaria de riego y de las de la concentración parcelaria costaran al menos 1.050 millones de euros, cifra que supone un sobrecoste del 13,64%, según un informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat, que preside Ferran Rodés.

Rodés es empresario de comunicación (Havas Media y diario Ara) pero también tiene intereses en el sector del agua: es accionista de la concesionaria de Aigües Ter Llobregat (ATLL), donde es socio de Acciona. El consorcio liderado por Acciona, y del que forma parte Rodés, se impuso en el concurso por la gestión de ATLL a Agbar. Casualmente, Agbar es el segundo gran accionista de la concesionaria del Segarra Garrigues.

Los tejemanejes políticos

La Generalitat adjudicó su parte de la obra a la empresa Aigües del Segarra Garrigues (ASG), participada mayoritariamente por FCC (24,68%), Agbar (22,62%), Copcisa (21,59) y Copisa (20%), constructora implicada en el caso 3% y con su ex consejero delegado, Xavier Tauler, imputado por sus relaciones con la familia Pujol.

El presidente de ASG desde 2011 es Josep Grau, quien era el conseller de Agricultura de Jordi Pujol hace 13 años, cuando se adjudicó la obra precisamente a la adjudicataria liderada por FCC. Además, Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures de Catalunya imputado por el caso 3%, de presunto pago de comisiones a cambio de obra pública, dirigió ASG poco después de haber participado también en su adjudicación.

Sobrecoste y retraso de nueve años

El coste presupuestado total del canal Segarra Garrigues fue, en 2002, de 1.513 millones de euros. El Estado asumió la construcción del canal principal mientras la Generalitat y los regantes corrían con la construcción de la red primaria y secundaria de riego, así como con las obras de concentración parcelaria.

La parte catalana estaba presupuestada en 923,8 millones pero costará, al menos, 1.050. Es una estimación ya que la obra está lejos de terminarse: se prevé que se termine en 2022 (nueve años más tarde de lo previsto).

La concesionaria asume el desvío presupuestario

Fuentes de la empresa concesionaria han admitido que los cálculos de sobrecoste CADS son «razonables» y niegan otros informes que hablarían de desviaciones superiores al 80%. El motivo del sobrecoste, según ASG, es el fracaso de la concentración parcelaria, que encarece la construcción de la red de riego, y unas modificaciones de las dotaciones efectuadas en 2010. Además, el informe del consejo asesor de la Generalitat apunta también a que en 2005 se revisó el programa de trabajos y algunos precios de las obras.

La plataforma Compromís per Lleida ha sido muy crítica por la manera como se ha diseñado el canal. Ignasi Aldomà, miembro de la plataforma, apunta a que, cuando se dio la concesión, «las empresas esperaban una rentabilidad e hicieron muchas inversiones de golpe», que luego han visto que son difíciles de amortizar.

Muy poco éxito entre los regantes

Para Compromís per Lleida, esta baja rentabilidad está detrás del poco éxito que está teniendo el canal entre los regantes de la zona de Lleida que atraviesa. De las 70.150 hectáreas que debía regar, el proyecto se redujo en 2010 a las 68.645. Pero según los últimos datos facilitados por ASG, por ahora sólo es posible regar en 13.691 hectáreas. Y en la mitad no se riega porque no hay regantes adscritos.

Ignasi Aldomà apunta que el precio del agua es demasiado alto para muchos agricultores y culpa de ello a la empresa concesionaria. «Si cultivas cereal, el precio es demasiado alto y no lo amortizas», dice. Sólo puede salir a cuenta, según Aldomà, para actividades intensivas, que suponen algo más de la mitad de las 68.645 hectáreas de riego previstas.

Evitar el fiasco

De hecho, el CADS, en su informe sobre el estado del canal, urge a la concesionaria y al propio Govern a mejorar la imagen del canal y a buscar más regantes, consciente de que la adhesión de momento es muy baja y apunta al fiasco.

Con carácter inmediato, el organismo pide a ASG «mejorar el acceso, el contenido y la difusión de la información» a las condiciones de riego y ventajas del canal, con el objetivo de «permitir una percepción más directa, clara y favorable de sus actividades por parte de los futuros partícipes y del público en general». También urge a «reforzar la actividad de promoción de adhesiones de regantes a través de todos los instrumentos que estén a disposición de la administración».