El Gobierno fracasa con el bono social eléctrico: solo llega a 2 de cada 10 beneficiarios potenciales

El bono social eléctrico, una de las medidas reguladas por el Gobierno para luchar contra la pobreza energética, no llega a todos los potenciales beneficiarios. Casi ocho de cada diez personas vulnerables que podrían obtener el bono no lo recibe, siendo la tasa de cobertura tan solo del 24,5%.

Es una de las conclusiones del estudio realizado por EsadeEcPol y Oxfam Intermon, que refleja la ineficacia de una de las principales herramientas gubernamentales para hacer frente a la pobreza energética. El bono social eléctrico consiste en un descuento de entre el 25% y el 80% en la factura dirigido a hogares con dificultades para cubrir sus necesidades energéticas.

Para recibirlo, el hogar debe tener una potencia contratada inferior a 10kW, en tarifa regulada (PVPC), y o bien tener una renta inferior a 8.106 euros, o ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente y no percibir otros ingresos que superen los 500 euros anuales.

El 60% de las familias numerosas con ingresos medio-altos reciben el bono

En 2022, la tasa de cobertura aumentó respecto a los dos años anteriores llegando a 1,4 millones de hogares, si bien sigue siendo insuficiente. Desde el think tank independiente explican que buena parte de ellos no son familias vulnerables, sino que las familias numerosas con ingresos medio-altos perciben el bono en un 60% de los casos, por el 40% de las de ingreso bajo.

En total, las familias numerosas tienen una tasa de cobertura del 45,5%. Son cifras que contrastan con el 20% de los hogares de renta baja que se benefician del bono social y de tan sólo el 9,2% en el caso de los jubilados con pensión mínima. Como resultado, aunque dos de cada tres beneficiarios son de renta baja, uno de cada tres no lo es.

«Desde un punto de vista de eficacia, lo más importante es lograr que el bono social eléctrico lo reciba quien lo necesita y no lo está recibiendo actualmente. De hacerlo, de los más de 1,6 millones de hogares que tienen el bono actualmente, podríamos pasar a más de 5 millones», destaca el informe.

«El problema es que, en muchos casos, los hogares desconocen que pueden acceder a esta prestación y, segundo, incluso si son conscientes de ella, han de ser capaces de realizar la solicitud, algo que no se puede dar por hecho dada la complejidad del procedimiento», añade.

Menor cobertura en hogares monomarentales, personas nacidas en el extranjero y viviendas en alquiler

Por otro lado, los autores del informe subrayan la existencia de una brecha entre los hogares monomarentales que reciben esta ayuda y los que cuentan con ambos progenitores, que ha ido aumentando. Así, si en 2020 había 3,5 puntos de diferencia, en 2022 había ya 12 puntos (20%-32%).

Una situación que también ocurre con el origen de las personas que reciben el bono social eléctrico. En 2022, la cobertura de hogares con todos los miembros nacidos en España duplicaba a la de hogares con alguna persona nacida en el extranjero (27% frente a 13%).

En cuanto a los hogares con vivienda en alquiler, la brecha se ha mantenido en 8-10 puntos durante estos tres años (19% de cobertura en 2022 frente al 27% para los hogares en propiedad).

Por todo ello, desde EsadeEcPol y Oxfam proponen implementar diferentes acciones para que esta rebaja en la factura energética pueda llegar a todos los potenciales beneficiarios.

Eliminar barreras de entrada, armonizar ayudas y un requisito de renta en familias numerosas

Los expertos consideran fundamental «mejorar la comunicación a la ciudadanía sobre el bono social eléctrico y facilitar su solicitud eliminando barreras de entrada, o, incluso, desplazando la responsabilidad de la solicitud y la concesión hacia las administraciones para que, en la medida de lo posible, sean éstas quienes identifiquen a los beneficiarios de oficio».

En esta línea, explican que también se podría plantear la automatización de la concesión del descuento, algo por lo que apuesta la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, «pero cabría valorar cuidadosamente la viabilidad e implicaciones agregadas de esto».

Por otro lado, ya que el bono convive con otras prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), piden que se avance en su armonización para simplificar los trámites y llegar a una mayor tasa de población vulnerable.

«Desarrollar una estrategia que alinee, en la medida de lo posible, estas prestaciones en una, no solo mejoraría la eficiencia, sino que también facilitaría el acceso a aquellos que realmente lo necesitan», aseguran.

Asimismo, creen conveniente considerar la introducción de un requisito de renta a las familias numerosas y, a largo plazo, implementar el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta, «que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos».

Por último, el informe destaca que las políticas de ingresos, como el bono social eléctrico, «tienen un efecto más bien modesto en la reducción de la pobreza energética» en comparación con aquellas destinadas a la mejora de la eficiencia energética. Por ello, apuntan a que la combinación de medidas de ingresos y de eficiencia como la rehabilitación de edificios es lo verdaderamente eficaz.