Bogas (Endesa) alerta que el impuesto a las energéticas afecta la inversiones

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha mostrado su rechazo hacia la conversión de temporal a permanente del impuesto extraordinario a las grandes compañías energéticas, como contempla el pacto alcanzado entre los socialistas y la plataforma encabezada por Yolanda Díaz para reeditar el gobierno de coalición.

Bogas ha considerado que el impuesto «es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que disminuye nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo, y esto no tiene sentido».

El directivo de Endesa dijo estas palabras en una conferencia con analistas sobre los resultados de la compañía energética entre enero y septiembre de este año.

A lo largo de la misma, la empresa española ha dado a conocer que sus ganancias se han recortado un 35,9% en comparación con el resultado obtenido en el mismo periodo del año pasado, al situarse en los 1.059 millones de euros. Asimismo, ha detallado que ha reducido su beneficio en términos ordinarios un 28%, después de haber incluido el año pasado la venta del 51% del negocio de movilidad eléctrica.

Precisamente, ha explicado que el beneficio se ha visto afectado por unas mayores amortizaciones, derivadas del mayor nivel inversor; unos mayores costes financieros, sobre todo como consecuencia de la subida de tipos de interés; y por una mayor tasa fiscal afectada por el gravamen extraordinario aprobado en 2022.

Reducción de la competitividad

Dicho impuesto extraordinario que se aplica al 1,2% de la cifra de negocio en España ha tenido para la compañía un impacto de 208 millones de euros en 2023 y se prevé que en 2024 sea similar. Endesa ha recurrido el impuesto y según Bogas va a continuar esta batalla legal si se prorroga ya que lo considera discriminatorio y sostiene que no es compatible con la normativa europea.

A este respecto, el máximo ejecutivo de Endesa ha asegurado que la tasa reduce la capacidad de las eléctricas españolas para competir con las empresas de otros países europeos y no les permite centrar todos sus esfuerzos en la transición energética. «No tiene sentido», ha afirmado Bogas, quien ha asegurado que «continuaremos recurriendo y a ver qué pasa». En todo caso, se ha mostrado confiado de poder alcanzar algún tipo de acuerdo con el futuro Gobierno sobre esta cuestión para que no afecte a la transición energética.

«Para que sea exitosa debe ser competitiva para el consumidor y rentable para el inversor», ha advertido Bogas, quien ha sostenido que «tenemos que alcanzar un acuerdo porque estamos en el mismo barco los reguladores y las empresas».