El Gobierno omitió por «error» que el contrato por el que se investiga a Begoña Gómez tiene fondos UE

Red.es, el organismo público que adjudicó a la UTE en la que participaba la empresa de Carlos Barrabés un contrato para la formación de desempleados, por valor de 4,5 millones de euros, por el que está siendo investigada la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no advirtió, por «error», hasta el pasado mes de agosto, que el mismo contaba con financiación de la Unión Europea.

A pesar de que la unión temporal de empresas en la que participaba la sociedad de Barrabés resultó adjudicataria de un contrato público de 4,5 millones en 2021, la notificación de que dicho contrato contaba con financiación pública europea no fue advertida por Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, hasta dos años después.

La presencia de fondos europeos en el contrato por el que se investiga a la esposa del Presidente del Gobierno daría un vuelco a las investigaciones judiciales en España, abriendo la puerta a que la Fiscalía Europea investigue también el caso.

De acuerdo a la documentación pública que puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado, el pasado día 31 de agosto de 2023 se publicó sobre la licitación de dicho proceso de adjudicación: «Habiéndose detectado un error material (…) al publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público donde no se especifica que cuenta con financiación de la Unión Europea, se informa de que el procedimiento de licitación de referencia cuenta con financiación del Fondo Social Europeo«.

La financiación del proyecto adjudicado a la asociación de empresas en la que participaba Innova Next, la empresa de Barrabés, «se realiza, en todo o en parte, con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, en concreto, al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)», añade la nota informativa publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

Dicha nota informativa no precisa el nombre de las sociedades involucradas en esa adjudicación en la que, por «error», no se informó que contaba con financiación pública europea. Pero sí indica el número de Expediente, 016/20-ED.

La Fiscalía española considera que la denuncia contra la esposa del Presidente del Gobierno no explica como esta se habría beneficiado

Se trata del mismo expediente sobre el que la mesa de contratación pública informó que el 23 de julio de 2021, a las 9:15 horas, quedó constituida, para la licitación de ese contrato de 4,5 millones de euros. «Examinada la documentación presentada, por la Mesa, se comprueba que esta es correcta y que la UTE se ajusta a los requisitos establecidos (…)».

Tras esa reunión, se propuso adjudicar el contrato a favor de la UTE formada por Innova Next y la sociedad The Valley Digital Business School.

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó el pasado 16 de abril incoar diligencias previas por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez. El titular del Juzgado, el Juez Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar a la esposa de Pedro Sánchez el próximo 5 de julio, como imputada.

Este diario se puso en contacto el miércoles con Red.es para comentar y ampliar esta información, pero no se obtuvo respuesta.

Fiscalía Europea

La presencia de dinero público europeo en el contrato adjudicado a la empresa a la que mostró su apoyo Begoña Gómez, podría dar entrada en la investigación del caso a la Fiscalía Europea.

De momento, según ha podido confirmar este periódico por las últimas resoluciones judiciales en España sobre el caso, la Fiscalía Europea ya ha solicitado al Juez español al frente del caso información sobre el mismo.

La Fiscalía Europea tendría en cuenta más factores que la presencia de dinero público europeo en esos contratos investigados a la hora de decidir sobre la apertura de una investigación, explican a este diario fuentes en Bruselas.

«Por lo general a Fiscalía Europea llega una queja, una denuncia; si ven sospechas, suelen pedir información al Juzgado», indican. «Pero no garantiza que vayan abrir una investigación, pueden pedir información previamente sin que ello suponga la apertura oficial de una investigación», precisan.

Hasta ahora la Fiscalía española ha requerido al Juzgado madrileño que investiga a Begoña Gómez el sobreseimiento del caso, presentando para ello recurso de apelación.

El Ministerio Fiscal alega que no toda denuncia o querella «lleva inherente la incoación automática de una causa penal (…)». También advierte que en la denuncia contra la esposa del Presidente del Gobierno no se aclara como esta se habría beneficiado. Y considera que la declaración del secreto de la causa «es incompatible con la comunicación de su apertura a la persona investigada (…)».

Sin embargo, en Auto firmado el 29 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid solo acoge uno de los argumentos aludidos por el Ministerio Fiscal, ordenando el alzamiento del secreto de las actuaciones.

En dicho Auto, consultado por este diario, los jueces de la Audiencia Provincial confirman el inicio de las investigaciones sobre el caso denunciado.

«(…) se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo, para el comienzo de la instrucción acordada mediante el auto recurrido (…)», explica. En la denuncia, continúa el Auto de la Audiencia Provincial, «se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación (…)».

Esta actividad «legitima una investigación, sin que sea necesario por el momento, anticipar una exacta calificación jurídica», subraya el Auto. «No es el momento de valorar los indicios para imputar un delito y, por tanto, resulta completamente improcedente el análisis detallado del hecho delictivo denunciado para ser calificado jurídicamente (…)», explica.