Barclays sospecha que el Gobierno podría influir en la CNMC para frenar la opa de BBVA
Según un informe de Barclays, el Gobierno podría sugerir al organismo regulador que la opa de BBVA perjudicaría la competencia en el mercado bancario
Entrada de la CNMC en Madrid / Imagen: @raulmasa
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El Gobierno tiene una carta en la manga para frenar la oferta pública de adquisición (opa) hostil anunciada por BBVA sobre Banco Sabadell. Según expertos financieros consultados por Europa Press, siguiendo el último informe de Barclays, una vía posible sería influir en el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la que se sugieran inquietudes sobre la competencia en el mercado.
El informe reciente de Barclays sobre la operación resalta que, aunque el Gobierno no necesita aprobar la opa, podría influir en la fusión posterior. Este enfoque permitiría bloquear la operación antes de que se lance la opa, si hay preocupaciones sobre riesgos a la competencia.
«Sería necesaria antes del cierre de la fusión por absorción, pero no es una condición para la OPA. Por tanto, sería lógico que, si hay preocupaciones por parte de las autoridades por la competencia, se bloqueara el acuerdo antes de la OPA usando la vía de competencia», ha indicado el banco británico.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y otros miembros del Gobierno expresaron su oposición a la opa hostil. Cuerpo afirmó que el Gobierno tiene la «última palabra» en la autorización de la operación, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mencionó la posible aplicación de la Ley de Supervisión de Entidades de Crédito para detener la opa.
Esta ley, establecida en 2014, requiere la autorización del Ministerio de Economía para fusiones bancarias. Por lo tanto, el Gobierno podría usar este marco legal para intervenir en la fusión propuesta por BBVA y Sabadell, lo que podría ser una estrategia efectiva para detener la opa.
Más allá de las opiniones de Barclays, diversas fuentes financieras señalan que BBVA requiere la aprobación del Gobierno únicamente para fusionarse, no para lanzar una opa. Sin embargo, advierten sobre la incertidumbre y riesgos asociados con este tipo de movimientos hostiles.
A pesar de las afirmaciones gubernamentales, detener la fusión podría ser complicado si el BCE, la CNMV y la CNMC la respaldan. Por lo tanto, la intervención podría materializarse a través del regulador de la competencia.
El BCE ha dado un preliminar visto bueno a la operación, según BBVA, aunque formalmente aún debe solicitar la autorización. Las consideraciones de competencia están bajo análisis de otros organismos, ya que el BCE no las aborda.
En cuanto a la CNMC, se espera su intervención en la opa, dado su papel como supervisor en España. Se advierte sobre los riesgos de una mayor concentración bancaria en España en caso de que la operación se concrete, lo que podría tener implicaciones estratégicas para el país.
El Gobierno ha utilizado argumentos de competencia en otros temas bancarios, como evitar que las grandes entidades trasladen impuestos extraordinarios a los clientes y analizar los retrasos en la remuneración de depósitos.
Actuación en otras fusiones bancarias en España
En el ámbito de las fusiones bancarias en España, la CNMC ha evaluado otras operaciones, además de la anunciada entre BBVA y Banco Sabadell.
La CNMC ha llevado a cabo análisis exhaustivos en dos fusiones bancarias recientes en España: la de CaixaBank y Bankia, y la de Unicaja y Liberbank. En ambos casos, la CNMC aprobó las operaciones en la primera fase, pero con condiciones.
Por ejemplo, en la fusión de CaixaBank y Bankia, se identificó una posible amenaza para la competencia en áreas específicas del mercado minorista y de cajeros automáticos. En el caso de Unicaja y Liberbank, se detectaron riesgos en ciertas provincias. Para ambas fusiones, la CNMC propuso una serie de requisitos que las entidades aceptaron y aplicaron.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, cuenta con una amplia experiencia profesional, incluyendo más de veinte años en Cuatrecasas como abogada. Antes de su nombramiento como presidenta del regulador en junio de 2020, Fernández fue asesora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gabinete de la Presidencia desde febrero de 2020.
