Santander contemplaba la caída del Popular un año antes: «Si se está pensando en una intervención…» 

Santander ya se hacía a la idea, a mediados de 2016, de una potencial caída de Banco Popular, un año antes de que se produjera la intervención de la entidad financiera española (decidida en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017).

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, detalla en el auto publicado el pasado lunes que Banco Santander «parece que ya manejaba el escenario de una posible intervención del Popular«.  

El Juez incluye en su auto del lunes una declaración que hizo Ignacio Benjumea, ex secretario general del Consejo de Administración de Santander, en una reunión de la Comisión ejecutiva del banco celebrada el 15 de mayo de 2016, en la que destaca la posibilidad de que el Popular fuera intervenido. 

«Si se está pensando en un escenario de intervención de Banco Popular, es conveniente contar con información sobre proyecciones de inversión y de impactos en cuentas y en las diferentes ratios de gestión de esta operación», advirtió el exconsejero de Santander, «sobre la base de que se pudieran accionar eventuales mecanismos de absorción de pérdidas, que podrían incluir no sólo el capital y AT1 sino también, por ejemplo, el T2, y ello a fin de estar preparados para posibles fases posteriores de este proceso…».

La entidad presidida por Ana Botín contemplaba la potencial caída de su competidor en un momento en que Banco Popular ya daba muestras de debilidad financiera. La declaración de Benjumea se produjo un mes antes de que el banco liderado entonces por Ángel Ron hiciese una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. 

Diversas fuentes del mercado explican a este diario que aquella operación del Popular se antojaba como la última bala de la entidad para reforzar sus cuentas. 

Un año después de dicha ampliación de capital, el Banco Central Europeo consideró que la entidad extinta era «no viable», lo que reforzó la idea de que el Popular debía ser absorbido por otro banco para aupar su balance y evitar un desastre financiero, especialmente para los clientes.  

La Junta Única de Resolución (JUR) intervino y resolvió el Banco Popular en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, al considerar que la situación de la entidad española era insostenible. El Popular fue así el primer banco intervenido por la Unión Europea. El 7 de junio, Santander se hizo con el banco por el precio simbólico de un euro.

200 millones como máximo por el Popular  

José Luis Calama indica en el auto que Banco Santander analizó el balance del Popular antes de que el banco extinto invitase a la entidad cántabra a analizar la información de cara a una hipotética compra. 

La firma liderada por Botín accedió al data room de Popular para valorar la potencial absorción de la compañía. El Juez Calama explica en su auto del lunes que el banco con sede en Boadilla del Monte ya contaba con datos del balance del Popular y que, en función de éstos, podría vislumbrar los posibles riesgos judiciales de la compra. 

«Existiría un potencial riesgo por litigios por un importe adicional de 1.000 millones de euros y de 1.500 millones por las cláusulas suelo, ampliación de capital…», añade el auto de Calama extraído del acta de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Santander del 8 de mayo de 2017, días previos a la invitación al data room del Popular. 

Tras el análisis que Banco Santander hizo de los datos del banco extinto, la entidad cántabra certificó que, en caso de ofertar un importe por hacerse con el Popular, sería de entre 0 y 200 millones de euros. 

«Con la información disponible actualmente, el precio a ofertar por el Banco Popular (200 millones de euros o un precio simbólico) sería muy inferior a su valor en Bolsa en la actualidad –3.140 millones de euros- (…)», remarca el acta de la Comisión Ejecutiva de Santander del 16 de mayo de 2017. 

La conclusión a la que llega la cúpula de la entidad presidida por Botín fue que sería «interesante continuar con el proceso para obtener más información sobre su negocio [el del Popular]».  

Responsable civil subsidiario 

Santander tuvo que hacer una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para reforzar el balance de la entidad absorbida. Siete años después, el primer banco español sigue digiriendo la compra del Popular, tanto a nivel financiero, como a nivel judicial. 

El auto del pasado lunes de Calama abre un nuevo escenario en el que los ojos se posarían sobre la entidad dirigida por Héctor Grisi en caso de que la sentencia fallase en contra de los directivos del Popular. 

Calama remarca que Santander, por hacerse cargo del activo y pasivo del Popular, pasa a ser el responsable civil subsidiario y, por tanto, en caso de tener que afrontar pagos a los accionistas, debe ser la entidad santanderina la que los acometa.  

El Juez subraya no obstante que el análisis sobre la responsabilidad civil del Santander sería incluida, en su caso, «en el auto de apertura de juicio oral«.