Los afectados del Popular preparan recursos contra el auto del Juez por limitar el caso a la ampliación de 2016

Se avecina un nuevo frente en el caso de Banco Popular. El auto que remitió el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no termina de convencer a todas las partes.  

Tal y como trasladan distintos despachos de abogados que representan a los afectados por la caída del banco a este diario, el documento judicial debería incluir a todos los accionistas, bonistas… afectados por los problemas financieros del Popular, y no solo a quienes acudieron a la ampliación de capital de 2016. 

Fuentes jurídicas aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que el auto de Calama debería incluir a todos los damnificados por el descalabro de la entidad absorbida por el Santander, y por ello, preparan recursos contra el documento judicial de la AN. A juicio de los representantes de los afectados por la caída del Popular, lo lógico es que el auto del magistrado hubiera incluido a todos los inversores del banco afectados por los problemas financieros de éste.

Calama cita a juicio al expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, y a PwC  

El magistrado de la Audiencia Nacional citó al expresidente de Banco Popular, Ángel Ron, a 12 directivos, y a PwC a juicio por presunta estafa y por falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. 

De cara al juez, la cúpula del banco extinto engañó a los accionistas que acudieron a la ampliación que el Popular ejecutó en 2016. Tal y como detalla el auto de la AN, el folleto de la ampliación de capital no era lo suficientemente transparente y obviaba pérdidas de 2.500 millones de euros correspondientes a ese ejercicio. 

La resolución del juez de la Audiencia Nacional abre un nuevo escenario en el ‘caso del Popular’ en el que los accionistas, bonistas y acreedores del banco podrían reclamar una indemnización en caso de que la AN fallase contra la directiva de la firma financiera.  

De darse esa situación, las miradas se posarían sobre Banco Santander, que compró el Popular por la simbólica cantidad de un euro, aunque inmediatamente tuvo que hacer una ampliación de capital de 7.000 millones para fortalecer el balance de la entidad absorbida. 

El Popular amplío capital en más de 5.000 millones en apenas tres años  

Más allá de la resolución del juicio a la cúpula directiva del banco, al que también debe acudir PricewaterhouseCoopers (PwC) al ser la auditora de cuentas de la entidad durante esos años, el auto de Calama ha dejado insatisfechos a una parte de los perjudicados por la caída de Banco Popular. 

Fuentes conocedoras de la situación explican a este medio que el documento del magistrado debería incluir a todos los mermados por la situación del banco, y no solo a quienes acudieron a la ampliación de capital de 2016, a la que parte del mercado señala como punto de inflexión en la situación financiera del Popular. 

La entidad acusó el boom inmobiliario, y prueba de ello está en que, desde 2008, la compañía realizó hasta 47 ampliaciones de capital, siendo las de 2013 y las de 2016 las más significativas. En estas dos operaciones, el Popular elevó su capital en 5.000 millones de euros en busca de una mayor liquidez que, al tiempo, no llegó. 

Un año después de la operación que ha provocado el auto de Calama, Banco Popular arrojó sus peores resultados históricos, registrando pérdidas de 3.485 millones de euros y una morosidad superior al 14%. 

Ante la situación financiera fatídica, Banco Santander se erigió como la única vía para dotar de liquidez al banco hoy extinto. La entidad presidida por Ana Botín asumió todas las deudas y la litigiosidad de la compañía.  

Los puntos positivos de aquella operación es que Santander se quitaba de un plumazo a un competidor en el mercado español y elevaba su red de oficinas, así como la cuota de mercado, por un euro (descontando los gastos posteriores por la digestión del banco). 

El Popular tenía problemas antes de la ampliación de capital de 2016 

De un modo u otro, los problemas de Banco Popular venían de antes de la ampliación de 2016, y fueron creciendo tras dicha operación. De ahí que los representantes de los afectados estén preparando recursos contra el auto del magistrado. 

Distintas fuentes conocedoras del caso indican que lo lógico hubiera sido que Calama incluyera a todos los afectados por la falla financiera del Popular, y no solo a quienes acudieron a dicha ampliación.  

Es decir, el documento ‘olvida’ a los accionistas, bonistas, acreedores que estaban en el banco antes de dicho movimiento, a los inversores que no acudieron a la ampliación, y quienes entraron en el capital de la entidad en el año posterior a la ampliación, el último antes de la absorción del Popular por el Santander.