Baltasar Garzón se hace de oro con su despacho: factura un récord de 11 millones a sus clientes en 2023

Baltasar Garzón se hace de oro con su despacho de abogados, Ilocad.

El exjuez de la Audiencia Nacional, casado con la exministra de Justicia y exfiscal General del Estado Dolores Delgado, facturó el pasado año a su bufete 3,9 millones por servicios profesionales, en un ejercicio en el que el despacho disparó su cifra de negocio, superando por vez primera los 10 millones de euros.

De acuerdo a las cuentas de 2023 de Ilocad, recientemente disponibles en Registro Mercantil, el bufete fundado por Garzón ganó 0,88 millones (0,54 millones de beneficio en 2022) y registró una cifra de negocio de 10,8 millones de euros (6,5 millones un año antes).

El Consejo Fiscal analiza hoy si el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática es compatible con su relación con Baltasar Garzón

Ilocad, que ha tenido entre sus clientes a algunos de los hombres más buscados por la Justicia de Estados Unidos -como el colombiano Alex Saab, o Julian Assange, el fundador de WikiLeaks- incluye en sus cuentas de 2023 el pago de 3,9 millones de euros por servicios profesionales a «Miembros de los órganos de administración y personal clave de la dirección de la empresa».

Se trata de la cantidad que Garzón factura a su propio despacho por servicios profesionales; hasta 2019 el bufete sí que especificaba en sus cuentas que era Baltasar Garzón el receptor de esas cantidades.

Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 por las escuchas ilegales a los abogados de la trama Gürtel, que el mismo destapó, tras 25 años al frente del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, creó Ilocad en junio de ese mismo año. 

En 2023 finalizó el periodo para el cual fue inhabilitado como Juez; en 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Garzón fue inhabilitado en un «proceso arbitrario».

Este diario trató el lunes por la tarde de ponerse en contacto con Ilocad, pero no fue posible.

Récord de ingresos

El pasado año fue el mejor de Ilocad en términos de negocio desde su fundación, en 2012. El despacho alcanzó en 2023 una cifra de negocio de 10,8 millones de euros, más del doble de lo que registraba hace cinco años.

En 2023 el bufete, que emplea a 15 personas y ocupa una oficina cercana al Parque de El Retiro de Madrid, redujo drásticamente su deuda. De un pasivo a corto plazo de 1,79 millones en 2022 pasó a uno de 0,59 millones; la deuda con entidades de crédito a largo plazo bajó de los 0,43 millones a los 0,33 millones de euros.

Los gastos de explotación también se dispararon, desde los 4,5 millones registrados en 2022 a los 8,5 millones el pasado año. Ilocad pagó en impuestos 0,3 millones, 100.000 euros más que en 2022.

Garzón-Delgado, una relación conflictiva

Las cuentas de Ilocad se han dado a conocer poco antes de que el Consejo Fiscal estudie si es compatible que Dolores Delgado sea fiscal de Memoria Democrática siendo pareja de Baltasar Garzón.

Hoy martes el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, ha convocado a los miembros del Consejo Fiscal para analizar los recursos planteados por asociaciones de fiscales contra la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática.

En la actualidad, el Consejo Fiscal está compuesto por seis vocales de la AF, dos de la Unión Progresistas de Fiscales, uno por la APIF; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la jefe de la Inspección María Antonia Sanz y el fiscal general, como publicó el lunes El Mundo.

Siete de los doce miembros del Consejo Fiscal representan a las asociaciones de fiscales que impugnaron ante el Supremo el ascenso de Delgado a fiscal de Sala de Memoria Democrática.

El Tribunal Supremo ya ha anulado en sentencias el nombramiento de Dolores Delgado, por su relación conyugal con Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional, ha recordado el organismo, está al frente de un despacho y de una fundación especializados en materia de Derechos Humanos.

El artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula los casos en los que los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos.

Entre otros, en las Fiscalías «que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

También el caso Villarejo, y lo acontecido con el Fiscal Ignacio Stampa, que estuvo al frente del mayor caso de corrupción policial de la democracia española, ha generado también recelos sobre la relación entre Garzón y Delgado.

El fiscal Stampa fue apartado del caso Villarejo después de que se organizara un circo mediático en torno a su figura, primero por presuntamente filtrar datos del sumario, después por sugerirse que mantenía una relación con una abogada de Podemos.

En septiembre de 2018 un medio digital de reciente creación publicó una grabación, supuestamente realizada por Villarejo, en el restaurante Rianxo de Madrid, en una comida ocurrida en el año 2009, en la que estaban presentes, junto con el excomisario, Dolores Delgado y Baltasar Garzón.

La grabación expuso la estrecha relación que mantenían, al menos por aquel entonces, Garzón y Delgado con Villarejo, cuando ambos eran, respectivamente, magistrado y fiscal en la Audiencia Nacional.

El empeño de Dolores Delgado y de Baltasar Garzón por sugerir que fue Ignacio Stampa la persona que filtró información del sumario del caso Villarejo, y la torticera investigación a la que fue sometido el fiscal posteriormente por una fantasiosa relación con una abogada de Podemos, provocaron que Stampa fuera apartado del caso.