Ayuso estudia asumir la M-203 tras la sentencia de la Audiencia Nacional

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el entuerto de la M-203 entre la Comunidad de Madrid (CAM) y Ferrovial ha marcado un punto y aparte. La resolución judicial, además de obligar a la administración a indemnizar a Ferrovial con 56 millones de euros, deja la pelota en el tejado del Ejecutivo regional, que debe decidir qué hace con la infraestructura que sigue sin terminarse de construir quince años después de la licitación.

Fuentes de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid explican a Economía Digital que «ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la ejecución de la sentencia sobre la M-203», es decir, abonar a la empresa el dinero en concepto de inversión realizada en la infraestructura (“VNI”). Pero lo más importante, según señalan las mismas voces de la consejería, es que «se va a evaluar el estado de la infraestructura para valorar la posible continuidad del proyecto». 

La idea deslizada desde la administración que hoy dirige Isabel Díaz Ayuso, que nunca se había visto obligada a fijar una postura sobre este conflicto, es similar a la que en su día avanzó Cristina Cifuentes durante etapa como presidenta de la CAM.

No obstante, en aquella ocasión se quiso aprovechar el proyecto propuesto por la norteamericana Cordish para su particular Eurovegas en Torres de la Alameda. La idea nunca salió adelante porque, tal y como admitiría más tarde la entonces consejera de Economía, Engracia Hidalgo, la iniciativa era «muy arriesgada». 

Un enredo administrativo desde 2005

La declaración de intenciones es un nuevo paso en el enredo administrativo que se inició hace más de diez años. Una vez el juez ha decidido que la constructora presidida por Rafael del Pino y dirigida por Ignacio Madridejos ya no es responsable de la obra, todavía queda por saber si se construirán las conexiones que apenas suman 300 metros, según explicaron fuentes conocedoras.

La M-203 se inició en su día bajo el gobierno de Esperanza Aguirre con el objetivo de ser una autopista de 12,5 kilómetros con peaje duro, es decir, bajo la modalidad de pago directo de los usuarios. La otra meta era descongestionar el tráfico y permitir una entrada rápida a la ciudad de Madrid, desde Alcalá de Henares hasta la Calle de O’Donnell.

La concesión de la M-203 se llevó a cabo sin tener todas las autorizaciones administrativas atadas

Con un presupuesto de 77,58 millones, las obras arrancaron en noviembre de 2005, con la previsión de unir la autovía A-2, a la altura de Alcalá de Henares, con la R-3, en Mejorada del Campo, y la M-50. Pero no lo hicieron con todas las autorizaciones necesarias: Fomento debía de dar el visto bueno a la conexión de la autopista con la radial R3, algo a lo que se mostró dispuesto únicamente bajo unas condiciones que la CAM y la empresa nunca aceptaron.

Por un lado, Ferrovial debía responsabilizarse del coste de las expropiaciones de los terrenos que se necesitaban para conectar radial y autopista y, por otro, la Comunidad de Madrid tenía que pagar una compensación a la sociedad que gestionaba la R-3, Accesos a Madrid, que se quejó de que la nueva conexión se traduciría en menos tráfico para su autopista de peaje. En resumen: poner más dinero del previsto inicialmente.

Fuentes del ministerio que hoy dirige José Luis Ábalos explicaron el lunes a Economía Digital que «los litigios que pueda tener la Comunidad de Madrid y la concesionaria de la M-203 se dirimen en el marco del contrato que tengan firmado entre ambas partes y, por tanto, son ajenos» a Fomento. Estas mismas fuentes negaron cualquier voluntad de Fomento  de obstaculizar la finalización de la infraestructura.

Ferrovial cierra un capítulo

Contactada al respecto, Ferrovial no quiso hacer comentarios. La empresa adjudicataria y vencedora en los juzgados fue su filial Cintra, que en su día sumó con la M-203 su novena concesión en España y la decimoctava a nivel mundial, ya que se había hecho anteriormente con adjudicaciones en otros cinco países: Portugal, Irlanda, Chile, Canadá y Estados Unidos.

El final de esta vía judicial deja abierta todavía otra puerta a una posible reclamación por daños y perjuicios al verse obligada a resolver anticipadamente el contrato de concesión, una vez constatado el incumplimiento por parte de la administración, como ya probó una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2015 . La compañía ya inició el 14 de febrero de 2020 Ferrovial una acción judicial en este sentido, y el procedimiento sigue en curso.