Arraut y Asociados se hace con la administración concursal de las patrimoniales de los Rubiralta en Celsa

Montserrat Morera, José María Fernández Seijo e Isabel López, titulares de los juzgados mercantiles 9, 11 y 12 de Barcelona han declarado hoy, respectivamente, los concursos de acreedores de las empresas Ania Recursos Inversores, Afintex Desarrollos Globales y Gestión Empresarial Bages. Estas tres sociedades de cartera constituyen los vehículos inversores a través de los que la familia Rubiralta Rubió controlaba la totalidad del Grupo Celsa.

La siderúrgica catalana está a punto de cambiar de manos después de que a principios de septiembre se homologara el plan de reestructuración presentado por los acreedores. Álvaro Lobato, del juzgado mercantil 2 de Barcelona, valoró las acciones de Celsa en cero euros y aprobó el plan de viabilidad cuyo punto principal es la conversión en capital de 1.350 millones de euros de deuda de un grupo de fondos. Esta operación aboca a las patrimoniales, con una deuda de 540 millones, a la insolvencia inminente y de ahí la presentación de las solicitudes de concurso.

En una actuación coordinada pese a que los tres concursos se tramitan por separado, los jueces han nombrado un único administrador concursal, el despacho Arraut & Asociados, que actuará representado por la abogada Marta Vila Florensa. A priori, la tramitación del concurso de estas empresas no presenta grandes complicaciones ya que el único activo de todas ellas no vale nada y el pasivo es intergrupo.

Paralelamente, los concursos se abordarán teniendo en cuenta la ejecución del plan de reestructuración de Celsa, esto es, el desembarco de los fondos en el capital que llegará tras la aprobación de la operación por el Consejo de Ministros. Lexaudit, el despacho que fue nombrado experto independiente en el plan de reestructuración, es el que vela por la citada ejecución.

A falta de nuevas acciones judiciales, los Rubiralta están a la expectativa de su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de sus derechos al aplicarse una legislación en la que los acreedores tomarán en breve el control de su empresa sin que ellos hayan aprobado esta operación.