Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para evitar pagar 16.100 millones por la expropiación de YPF

El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, afronta el ‘regalo’ de 16.100 millones de dólares que le ha dejado el anterior Gobierno y más de una década de peronismo y kirchnerismo.

Argentina tiene hasta el próximo día 5 de diciembre de plazo para aportar las garantías requeridas por la Justicia estadounidense que permitan al país retrasar el pago de 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF.

La Juez del tribunal de Estados Unidos que el pasado mes de septiembre condenó a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF, tras la denuncia presentada por dos sociedades españolas que poseían el 25% del capital de la petrolera argentina, ha atendido parcialmente la solicitud del país de retrasar la ejecución de la sentencia.

La magistrada Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en un escrito consultado por Economía Digital, concede al país una suspensión de 30 días para recurrir el pago de la cantidad requerida. Pero para ello, antes del próximo día 5 de diciembre, Argentina tendrá que dar en garantía el 51% de YPF y los derechos de cobro que posee sobre un conflicto en Paraguay por una presa.

La demanda de dos sociedades españolas en concurso de acreedores ha obligado a Argentina a pagar 16.100 millones por la expropiación de la petrolera YPF hace más de una década

El recién presidente electo Javier Milei ha anunciado como una de sus primeras medidas la privatización de YPF. Pero el caso de la sentencia de la Justicia estadounidense condiciona cualquier operación sobre la primera petrolera del país, expropiada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la española Repsol, hace más de una década.

En su escrito, firmado el 21 de noviembre, la Juez recoge la solicitud de Argentina de suspender la ejecución de sentencia 30 días atendiendo a varios factores expuestos, entre ellos la complejidad del proceso o la situación económica del país. Pero delimita los activos con los que Argentina tendrá que garantizar la medida.

Además del 51% de YPF, que los demandantes valoran en hasta 3.000 millones, se encuentran cuentas por cobrar por importe de 4.000 millones de dólares que Paraguay se ha comprometido a pagar a Argentina durante treinta años por la construcción de una presa.

De Madrid a Buenos Aires

Las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de la familia argentina de banqueros Eskenazi, que tenían el 25% de YPF en el momento de la expropiación, se declararon en concurso de acreedores en Madrid en 2012, al no poder afrontar el pago de los préstamos que habían recibido para adquirir sus acciones en la petrolera.

Armando Betancor, el abogado designado por el Juez español como administrador concursal en las firmas de los Eskenazi, inició entonces una batalla legal contra Argentina, defendiendo que el país tenía que haber lanzado una OPA sobre el 100% del capital de Repsol YPF.

Para lograrlo, el administrador concursal de las sociedades de los Eskenazi, del despacho Kepler Karst, solicitó permiso al Juzgado Mercantil para poner en marcha una demanda de reclamación en Nueva York. Tras entrevistarse con numerosos fondos de inversión, Betancor consiguió convencer a Burford Capital para financiar el litigio.

Tras años de batalla judicial, el pasado 8 de septiembre la Juez Loretto Preska firmó una sentencia histórica condenando a Argentina al pago de 16.100 millones de dólares a los demandantes.

El despacho King & Spalding, que representa a Burford Capital, requirió que se iniciara el embargo y ejecución de sentencia a partir del 16 de octubre de este año.

El bufete ha advertido en sus escritos al tribunal estadounidense del largo historial de Argentina que tiene a la hora de tratar de evitar sentencias dictadas en el extranjero, y de las declaraciones de miembros del Gobierno argentino anterior en las que se negaban a acatar la sentencia de la Justicia estadounidense.