Applus se juega el 16% de su negocio en el concurso de la Generalitat en medio de la guerra de opas
Idiada Automotive Technology facturó 327,5 millones de euros en 2023 y logró un beneficio operativo de 38 millones
El 16% del negocio de Applus está en manos de la Generalitat de Cataluña. En medio la guerra de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) de Apollo y Amber, la administración catalana ha abierto la licitación para adjudicar en los próximos 25 años el 80% del capital de Idiada Automotive Technology, una compañía semipública que ofrece servicios de diseño, ingeniería, ensayos y homologación a fabricantes de automóviles, actualmente en manos de Applus.
Desde 1999, la empresa catalana posé este 80% de Idiada, que opera bajo un contrato exclusivo desde el centro tecnológico de 351 hectáreas ubicado en Santa Oliva, en Barcelona. Sin embargo, la licitación que le vincula a estas acciones finaliza en septiembre de este 2023 y su parte del accionariado volverá a manos de la Generalitat hasta que finalicé el nuevo proceso de adjudicación.
El Govern ha publicado esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el BOE catalán, el anuncio de convocatoria del concurso para encontrar un nuevo socio. Ya en verano, cuando el ejecutivo de Pere Aragonès inició los trámites para lanzar el concurso, Applus se mostró dispuesta a volver a optar a la licitación.
Factura 327 millones
De hecho, Applus podría perder buena parte de su negocio de no hacerlo. La división Idiada de la empresa que dirige Joan Amigó, que agrupa el negocio de la sociedad Idiada AT, ingresó 327,5 millones de euros en 2023, un 18% más que en el ejercicio anterior; mientras que el beneficio operativo ajustado se disparó un 27% hasta llegar a 38 millones de euros. En ambos casos, supone el 16% de la facturación y de las ganancias brutas de la firma especializada en ensayos y certificaciones, que llegaron hasta los 2.060 millones de euros y los 211,5 millones a cierre del pasado ejercicio, respectivamente.
Applus tiene, también, proyectos en marcha integrados en Idiada. La firma invirtió en este segmento de su negocio 14,8 millones el pasado 2023, dos millones más que en el año anterior, según figura en sus cuentas anuales. Además, tenía a cierre del ejercicio pasado 94 iniciativas de innovación en marcha, más que en cualquier otra división de la compañía. Entre estos, el grupo destaca un acuerdo con Intelligent Energy (IEL) para colaborar en proyectos de desarrollo de pilas de hidrógeno.
Todo este pellizco de la compañía con sede en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) quedará en el aire de no conseguir renovar el concurso lanzado por la Generalitat. Según marcan los pliegues, Applus deberá de pagar, como mínimo, 238 millones de euros para renovar el contrato y retener el 80% de las acciones de la compañía compartida.
Por su parte, Cataluña se quedará el 20% del capital restante de Idiada AT, a la vez que espera obtener entre 375 y 400 millones de euros mediante un canon fijo anual de cuatro millones, un canon variable vinculado a la evolución económica de la sociedad y el cobro de dividendos. Los interesados en participar en la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 2 de mayo de 2024.
Amber vs Apollo
La posibilidad de perder este negocio llega en un momento turbulento de la compañía, en medio de opas cruzadas para hacerse con el 100% de sus acciones. La sociedad Amber EquityCo, vehículo de I Squared y TDR, anunció la semana pasada que ya cuenta con gran parte de las autorizaciones necesarias para tirar adelante su opa, y que está a la espera de la relativa a subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior de la Comisión Europea.
Amber ofreció en septiembre una contraopa sobre Applus a un precio de 9,75 euros por acción, en respuesta a la oferta lanzada por Apollo en junio, de 9,5 euros por título. Ambas firmas han subido la apuesta en los últimos meses, pujando en 11 y 10,65 euros por acción, respectivamente.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite ambas operaciones y están pendientes de la resolución final que dictaminará quien será el próximo propietario de la compañía catalana.