Apple bajo la lupa de la UE: se enfrentan a una gran multa por incumplir la Ley de Mercados Digitales

En caso de infracción, la Comisión puede imponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios mundial total de la compañía y hasta el 20 % en caso de reincidencia

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La Comisión Europea ha iniciado una investigación contra Apple, motivada por preocupaciones preliminares de que las políticas de su tienda digital, la App Store, podrían estar infringiendo la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

Este movimiento se suma a un tercer procedimiento por presunto incumplimiento, enfocado en los nuevos requisitos contractuales impuestos por Apple a desarrolladores de aplicaciones de terceros y tiendas de aplicaciones.

La Comisión expresó que las normas actuales de Apple podrían estar obstaculizando la capacidad de los desarrolladores para guiar a los consumidores hacia alternativas de canales de distribución y contenido. Este análisis preliminar, que ahora se convierte en una investigación formal, refuerza el compromiso de la UE de hacer cumplir una competencia justa y abrir el campo para innovadores y consumidores en el mercado digital.

En caso de encontrar infracciones, la Comisión podría imponer multas considerables, alcanzando hasta el 10 % del volumen de negocios global de la empresa, con posibilidad de incremento hasta el 20 % en casos de reincidencia. Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, subrayó la determinación de la UE en utilizar las herramientas disponibles para asegurar condiciones equitativas y efectivas en el mercado digital europeo.

Esta investigación amplía el expediente preliminar iniciado el pasado marzo, reflejando la seriedad con la que la UE aborda las preocupaciones sobre las prácticas comerciales de Apple en su plataforma digital.

Apple podrían violar normativas de competencia

Según la normativa europea, los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de la App Store deben poder comunicar libremente ofertas alternativas y permitir a los usuarios realizar compras sin restricciones adicionales impuestas por la plataforma. Sin embargo, la Comisión sostiene que los términos actuales de Apple no cumplen con estos requisitos, ya que solo permiten redirigir a los usuarios a través de enlaces (‘link-out’) a páginas web externas bajo condiciones que la Comisión considera restrictivas y que podrían limitar la competencia.

Además, Apple impone una tarifa por cada compra realizada dentro de siete días después de utilizar un ‘link-out’ desde la aplicación, práctica que la Comisión Europea critica por exceder lo necesario para compensar los servicios prestados por la plataforma.

Apple ahora tiene la oportunidad de revisar los documentos presentados por la Comisión y responder formalmente a las acusaciones. La investigación representa un paso significativo en los esfuerzos de la UE por garantizar un mercado digital más equitativo y competitivo, donde tanto desarrolladores como consumidores puedan beneficiarse de un entorno de negocios más abierto y transparente.

Presentación de nuevos iPhone de Apple. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Según declaraciones de la Comisión, se cuestiona específicamente la provisión de tiendas de aplicaciones alternativas y la libertad de ofrecer aplicaciones a través de canales de distribución distintos. La «Core Technology Fee» de Apple, que requiere a los desarrolladores de aplicaciones de terceros pagar una tarifa por cada instalación, también está bajo escrutinio.

Además, la investigación abordará el proceso que Apple emplea para permitir la descarga e instalación de tiendas de aplicaciones alternativas o aplicaciones en iPhones, así como los controles establecidos para validar estas aplicaciones.

La Comisión Europea continúa con investigaciones preliminares similares respecto a otras grandes empresas tecnológicas como Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), y Microsoft, enfocándose en sus prácticas en plataformas como Google Play y otras tiendas de aplicaciones.

En caso de que se confirme alguna infracción, la Comisión podría imponer multas significativas y otras medidas correctivas, como la venta de partes del negocio afectado o la prohibición de adquirir servicios adicionales relacionados con las prácticas consideradas sistemáticamente incumplidoras de la ley.

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