Los API de Barcelona volverán a pagar al consejo español
Los candidatos que aspiran a presidir el colegio de API de Barcelona buscan un acuerdo con el Consejo General español cinco años después de independizarse
Cinco años después de independizarse unilateralmente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, el colegio de Barcelona volverá a pagarle las cuotas y, además, todos los importes pendientes. Diversas sentencias judiciales les obligan a abonar cinco años de impagos. Ante esta situación, los dos candidatos que la próxima semana se disputarán la presidencia del colegio barcelonés planean recuperar las relaciones con el consejo español.
En diciembre de 2013, los colegiados de Barcelona decidieron, en una asamblea, desvincularse del consejo español y dejar de abonarle las cuotas. Al frente del colegio estaba Joan Ollé, que no se presenta a la reelección en las elecciones colegiales del próximo 29 de noviembre después de permanecer casi veinte años en el cargo.
Diversas sentencias judiciales tumbaron la decisión del colegio barcelonés: no aceptaron la segregación, les obligaron a seguir pagando las cuotas y, encima, inhabilitaron a los miembros de la junta, si bien la mayoría todavía se mantiene en sus puestos. El colegio barcelonés debe abonar al consejo español cerca de 200.000 euros. Esto no le supondrá un quebranto porque están provisionados. Hace unos días pagaron la primera parte.
Los dos candidatos que aspiran a suceder a Ollé –el continuista Gerard Duelo y el renovador Francesc Quintana– defienden la necesidad de recuperar las relaciones con el consejo general. Duelo asegura que su intención es “desbloquear la situación actual y volver a la máxima normalidad”. Indica que, si gana, primero se reunirá con el resto de colegios catalanes y, luego, con el consejo español para “escuchar y exponer” las propuestas acordadas. Asume que deben pagar lo estipulado en las sentencias. Que negociará de “buena fe” aunque “no me avengo con que aquí no ha pasado nada”.
Por su parte, Quintana subraya que el conflicto “lo tenemos que arreglar y los arreglaremos seguro”. Recuerda que se han dictado unas sentencias judiciales que se deben cumplir y que el “cambio de interlocutores” puede contribuir a “regularizar” las relaciones. Constata que después de cinco años “no hemos sacado nada”. Por ello, apuesta por pagar las cuotas y negociar las prestaciones que el consejo ofrezca a cambio.
La posición del Consejo General
La negociación no será fácil. El presidente del consejo general, Diego Galiano, asegura que “he ido agotando todas las posibilidades de gestión y acuerdo con sus interlocutores, pero era imposible, pues estaban enrocados” en la ley catalana de colegios profesionales. En su opinión, era un debate jurídico “salpicado por el contexto político de la época”. Además de presidir el consejo general, Galiano también está al frente del colegio de API de Jaén.
Galiano añade que la junta barcelonesa “condicionaba su vuelta a la normalidad a la firma imperativa de un convenio de colaboración hecho a su medida”. Es decir, “con el caramelo del dinero, quisieron doblegar la voluntad del órgano colegiado central, y eso era inaceptable y como presidente, por dignidad y responsabilidad con los colegios de toda España, no podía aceptarlo, se trataba de un chantaje sin precedentes”. Insiste en que el pago de cuotas es una obligación que los estatutos profesionales imponen a todos los colegios API de España “y no hay Presidente en el mundo que pueda negociar con eso”.
El consejo general ha interpuesto cuatro pleitos, el último en julio pasado. Los tribunales han condenado al colegio barcelonés a abonar las cuotas pendientes. De los cuatro colegios de API catalanes, tres se segregaron (Barcelona, Lleida y Girona) y uno se mantuvo dentro del consejo general (Tarragona).
Según precisa Galiano, con el colegio de Lleida se cerró la vía judicial y se alcanzó un “acuerdo de vuelta a la normalidad institucional”. Con el de Girona, recientemente se firmó la paz después de litigios similares a los de Barcelona. Galiano destaca la “postura conciliadora” del nuevo presidente de los API de Girona, Joan Company.
