La ampliación de El Prat choca contra la zona protegida de La Ricarda y la oposición del Port de Barcelona 

Foment del Treball ha abogado innumerables veces por encontrar un consenso político y social que culmine en la ampliación del aeropuerto de El Prat, una infraestructura al borde de la saturación y con dificultades para acoger los gigantescos aviones que realizan vuelos de largo radio. Este lunes los empresarios catalanes han presentado y han trasladado a las administraciones públicas 11 proyectos que podrían dar salida a esta problemática.

De esta lista, la patronal ha mostrado cierta predilección hacia una iniciativa surgida en el seno de sus encuentros con la sociedad civil catalana. Consiste en alargar la pista 24L/06R, ubicada entre la T1 y el mar, en 840 metros pasando por encima de la laguna de La Ricarda, con una plataforma de 300 metros de largo por 200 de ancho que mantendría resguardado el espacio protegido. Sin embargo, poco han tardado en salir los primeros detractores: el Port de Barcelona se opone al proyecto, mientras que el impacto ambiental seguirá siendo un escollo para su ejecución.

La nueva iniciativa de Foment impacta en una posible expansión de la infraestructura portuaria y “pone en riesgo” su “presente y futuro”, según apuntó el presidente del Port, Lluís Salvadó, en una carta que remitió a Josep Sánchez Llibre la semana pasada. Según defiende, la iniciativa de Foment limita la altura de las grúas con las que trabaja, algo que puede “imposibilitar el funcionamiento” de la terminal de contenedores en el muelle Prat.

Salvadó asegura que, dadas las dimensiones de los barcos actuales, son necesarias grúas de “más altura” para poder operar, por lo que llevan dos años negociando con las autoridades elevar las grúas de 80 a 90 metros. “El Port hoy ya no puede operar de forma eficiente con embarcaciones más grandes como consecuencias el impacto de las servidumbres directas de la proximidad del aeropuerto”.

Esta problemática ocurre con todas las propuestas de ampliación del aeródromo que supongan ampliar la pista del mar, pero, según reconoce Foment en su informe, el posible impacto en el puerto es “más probable” con la ampliación de la pista en 840 metros que en el resto de las opciones.

Europa y La Ricarda

El segundo escollo de la patronal catalana y sus socios es el mismo que frenó el proyecto de Aena en 2021: el impacto ambiental sobre la laguna de La Ricarda. El presidente de la comisión de Foment por la ampliación de El Prat, Luis Moreno, sostiene que los pilones sobre los que se construiría la pista permiten “pasar por La Ricarda sin perderla y manteniendo la biodiversidad subacuática”, pero aun así supondría tocar el espacio protegido, algo que podría levantar el recelo de la Comisión Europea.

La laguna de La Ricarda forma parte de la Xarxa Natura 2000, una red europea que tiene como objetivo compatibilizar la protección de las especies y los hábitats naturales con la actividad humana. Cualquier actuación en el espacio debe cumplir a rajatabla lo que dicta la Unión Europea. De hecho, la CE ya pegó un toque al Gobierno en 2021, cuando la ampliación del Josep Tarradellas estaba en el orden del día, instando a proteger el espacio anexo.

En cualquier caso, los empresarios catalanes sostienen que esta laguna ya está muy deteriorada, por lo que proponen un nuevo “núcleo verde” para compensar el impacto en la biodiversidad del delta del Llobregat, con 235 hectáreas de zonas húmedas, que comportarían la expropiación de 90 hectáreas de suelo agrícola.

Por otro lado, ampliar la pista hasta 840 metros encima de una plataforma supondría un coste económico mayor a los 263 millones proyectados por Aena en su propuesta para añadir 500 metros. Según Foment, la inversión extra rondaría 200 millones de euros, pero se recuperarían con facilidad, dado que esta alternativa es la única que permite el despegue de aviones de fuselaje ancho con la máxima carga de pago.

Posturas divididas

Sánchez Llibre ha reclamado llegar a un consenso para que esta o cualquiera de las otras 10 propuestas permita ganar conectividad y descongestionar El Prat, pero el punto de partida no lo es de lo más favorable. El Govern de Pere Aragonès siempre ha esquivado posicionarse sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona y, de hecho, solamente se ha mostrado firme cuando ha detectado posibles daños sobre La Ricarda.

Después de la presentación de Foment, la portavoz de ERC, Raquel Sans, se ha limitado a asegurar que analizaran las propuestas de la patronal, que aún no ha podido “ver ni valorar”. Por su parte, la representante del PSC, Èlia Tortolero, ha celebrado que “se hable de un proyecto de país”.

La postura de los socialistas catalanes es relevante dado que los republicanos pactaron con el PSC hace ya casi un año crear una comisión para estudiar qué modelo aeroportuario es el más beneficioso para Cataluña, pero todavía no se ha formado. Sin embargo, reunirse ahora para debatir la ampliación de El Prat supone para la Generalitat abrir un melón de cara a las negociaciones de los presupuestos catalanes: sus potenciales socios para renovar las cuentas, Catalunya en Comú, se niegan rotundamente a cualquier proyecto que atraiga más aviones en Barcelona, pero no hacerlo supondría el alejar posturas con el PSC.

En paralelo, el Gobierno se ha desentendido y ha dejado la pelota en el tejado de la Generalitat. La ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, ha expresado “máximo respeto” hacia la propuesta de los empresarios catalanes y se ha comprometido a analizar el informe, pero ha señalado que es el Govern quien debe “mover ficha” para establecer qué propuesta defiende para el aeródromo.

Además, ha reiterado que la postura del ejecutivo de Pedro Sánchez no se mueve. Para ellos, la “mejor opción” es la propuesta de Aena, dado su conocimiento de las necesidades actuales y futuras de las instalaciones.