Los responsables de Amazon España, citados como investigados por una denuncia que califica al grupo de «organización criminal»
Un juzgado de Mataró admite denuncia penal contra Amazon y sus responsables en España, presentada por un empresario al que se le cerró su cuenta como vendedor en la plataforma.
El fundador de Amazon Jeff Bezos. Foto: EFE/EPA/ROBERT PERRY
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Los responsables en España de las sociedades a través de las cuales opera Amazon en el país –Amazon EU Sarl; Amazon Online Spain; y Amazon Spain Fulfillment– han sido citados a declarar, en calidad de investigados, el próximo mes de marzo por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Mataró, tras admitir una denuncia penal contra el grupo, al que califica de «organización criminal«.
La Juez Dolores del Pino, del Juzgado de Instrucción número cuatro de Mataró, ha ordenado la instrucción de las diligencias previas tras admitir denuncia y la posible existencia «de una infracción penal«.
Amazon, con la que contactó el lunes Economía Digital, representada por el despacho Garrigues, no hizo ayer valoraciones.
La denuncia fue presentada el pasado año por un empresario, al frente ahora de una empresa de calderas, que abrió una cuenta en Amazon como «cuenta de formación», sin objeto comercial, a través de una sociedad, Hauscare, mientras que otra empresa perteneciente a su familia, Tuyson, para la que también trabajaba, abrió otra cuenta en Amazon para vender sus artículos, como un ‘seller‘.
El empresario asegura que al bloquear Amazon su cuenta ha perdido clientes, sufrido devoluciones y que no ha podido recuperar sus productos
Transcurridos unos meses, Amazon decidió bloquear la cuenta a través de la cual la empresa vendía sus artículos, alegando que las dos cuentas estarían vinculadas, actividad que supuestamente no permitiría la compañía estadounidense.
Tras varias apelaciones, dice la denuncia, Amazon comprobó que no había vinculación entre las cuentas de las empresas y reactivaron las mismas. Una de las empresas decidió darse de baja como ‘seller’, y Amazon respondió que la baja había sido tramitada y cerrada la cuenta, en septiembre de 2019.
El mismo empresario que abrió la cuenta de formación en Amazon, fue designado administrador de la otra empresa familiar que empleaba la plataforma para comercializar sus productos, Tuyson «aumentando cada vez más las ventas, sin incidencias», indica la denuncia.
Pero en abril de 2021, Amazon comunicó al empresario que había bloqueado sus cuentas en Italia, Reino Unido y Dinamarca, al volver a vincular las dos cuentas existentes anteriormente, a pesar de que una de ellas, la de Hauscare, se encontraba cerrada.
El empresario volvió a reclamar a Amazon la apertura de su cuenta a través de la cual vendía sus productos, pero la multinacional respondió que para ello debía emplear la cuenta de la otra empresa, lo que no le era posible al estar cerrada.
Durante ese bloqueo, el empresario no pudo vender sus artículos, perdió clientes, recibió devoluciones y del stock que mantenía en los almacenes de Amazon solo ha podido recuperar el 15% del total.
Además, denuncia, el saldo que tenía en la cuenta de Amazon, por valor de más de 20.000 euros, se redujo a menos de 6.000 euros por el cobro de ciertos servicios logísticos, aunque el empresario no pudo operar con esa cuenta.
Organización criminal
La denuncia afirma que las sociedades españolas de Amazon estarían «cometiendo un presunto delito de apropiación indebida y/o estafa«, tanto al apropiarse de los productos y materiales de el empresario denunciante poseía en sus almacenes, como al apropiarse de buena parte del saldo que el mismo mantenía en la cuenta de Amazon.
El despacho que representa al empresario frente a Amazon, Gesico, sostiene en su denuncia que las sociedades españolas de Amazon han demostrado en este caso un «evidente ánimo de lucro» al incorporar a su propio patrimonio materiales que debía haber devuelto.
A la vista de dicho proceder, la calificación que otorga la denuncia a las empresas de Amazon es la de «organización criminal«.
Las organizaciones y grupos criminales, señala, son definidas como «agrupaciones de más de dos personas que tienen por objeto y finalidad la comisión de delitos» y que operan «bajo una falsa apariencia de conformidad con la ley aumentando de forma cuantitativa y cualitativa la lesividad de sus conductas».
La denuncia llama la atención al Juzgado sobre informaciones publicadas los últimos años en España que relatarían casos parecidos, de vendedores que «se han encontrado con problemas idénticos o muy similares».
