Allzone en el ojo del huracán: las quejas no paran de aumentar
La OCU ha elevado una denuncia a la Dirección General de Consumo señalando las malas prácticas de Allzone
Allzone, una conocida plataforma de comercio electrónico, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras acumular numerosas reclamaciones por parte de los consumidores españoles. Unos problemas que han sido reportados por los usuarios, y giran principalmente en torno a retrasos excesivos en los envíos, así como a dificultades para obtener devoluciones del importe pagado por productos no recibidos.
Una situación que ha llevado a la Organización de Consumidores y Usuarios a presentar una denuncia ante las autoridades competentes para exigir una investigación y defender los derechos de los compradores afectados. Pero, siendo más exactos, ¿qué denuncian los usuarios y la OCU sobre Allzone?
Cientos de quejas que giran en torno al servicio y la atención al cliente de Allzone
Desde hace meses, los foros y redes sociales se han llenado de comentarios negativos relacionados con Allzone, una web que ofrece productos muy variados, desde artículos electrónicos hasta ropa y accesorios del hogar. A pesar de los precios atractivos y de una apariencia profesional en su plataforma, los consumidores han denunciado experiencias decepcionantes, con productos que no llegan a su destino o entregas que se demoran semanas, incluso meses, más allá del plazo previsto.
A mayores de esto, otro de los puntos más críticos de las quejas tiene que ver con la atención al cliente. Numerosos usuarios aseguran que, tras reclamar el estado de su pedido o solicitar la devolución del dinero por un artículo que nunca llegó, reciben respuestas automatizadas, evasivas o directamente ninguna contestación. Incluso en algunos casos, se produce una promesa de reembolso que nunca se concreta. Esta falta de respuesta ha sido uno de los factores clave que ha motivado la intervención de la OCU.
La OCU denuncia ante el Ministerio de Consumo las prácticas de Allzone
Debido a ello, la OCU, organización con amplia trayectoria en la defensa de los consumidores, ha elevado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En su escrito, publicado en su página web, la organización expone el elevado número de reclamaciones que ha recibido por parte de clientes de Allzone, y solicita que se tomen medidas para investigar el funcionamiento de la empresa, así como su política de devoluciones y de atención postventa.
Entre los principales argumentos de la OCU, destaca el incumplimiento de los derechos básicos del consumidor, especialmente aquellos relacionados con los plazos de entrega y la obligación de devolver el dinero en caso de que no se cumpla con lo prometido. Según la legislación vigente en España, cuando un pedido no se entrega en el tiempo estipulado o no llega en absoluto, el cliente tiene derecho a reclamar y a recibir el reembolso sin demoras injustificadas. Por ello, la OCU señala que Allzone estaría vulnerando estos principios de forma sistemática.
No obstante, el caso se vuelve aún más preocupante debido a la opacidad de la empresa. A pesar de operar en territorio español y contar con una página web en castellano, Allzone no ofrece información clara sobre su razón social ni sobre la ubicación exacta de su sede, lo que dificulta las gestiones legales y la presentación de reclamaciones. Algunos indicios apuntan a que podría tratarse de una empresa con sede en el extranjero, que opera en España a través de plataformas digitales sin una representación física en el país.
Por ello, y con la vista puesto a subsanar los posibles daños, la OCU recomienda a todos los usuarios que hayan tenido problemas con Allzone que recopilen toda la información posible sobre su compra, incluyendo correos electrónicos, capturas de pantalla de la transacción y mensajes intercambiados con la empresa. Además, insta a los afectados a presentar reclamaciones ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de su localidad, así como a contactar con su banco o entidad emisora de la tarjeta de crédito para intentar anular el pago si aún es posible.