Airbnb cifra en 30.000 millones el impacto de las regulaciones a los pisos turísticos en España

Airbnb ha puesto cifras a las consecuencias que tendrá para el sector de los pisos turísticos las regulaciones a los alquileres de corta duración que está llevando a cabo el Gobierno. La compañía expone que las restricciones que se están haciendo «de manera apresurada», subrayan, ponen en riesgo 30.000 millones de euros, el 2% del PIB español, y 400.000 empleos, según un nuevo informe de Oxford Economics.

La cifra proviene del gasto que hicieron las personas que se hospedaron en España en una vivienda turística en 2023. Del total, el 22% fueron ingresos directamente de los anfitriones, mientras que el resto está vinculado directamente con la actividad que se genera en comercios de proximidad, restaurantes, transportes, eventos, y ocio en general.

Por ello, Airbnb considera que las restricciones regulatorias «podrían resultar en altos costes para las familias y dañar el desarrollo de áreas rurales, el pequeño comercio y la economía española en general«, no solo a los anfitriones, pues afectan «de manera desproporcionada» a familias, zonas rurales y pequeños negocios locales.

Asimismo, desde Airbnb argumentan que las regulaciones «no solucionan los desafíos de la vivienda y el turismo de masas», por lo que reclaman que las medidas, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas, «sean efectivas, estén basadas en datos y sean proporcionales», y que se deje de señalar su actividad «como el chivo expiatorio» de la problemática de la vivienda.

Aunque la compañía reconoce que algunas ciudades en España tienen un «enorme desafío» en cuanto al turismo de masas y a la concentración de la actividad turística, y se muestra dispuesta a colaborar con los gobiernos para «aliviar la crisis de vivienda», lamentan que hasta ahora se hayan llevado a cabo normativas «sin tener en cuenta consideraciones importantes, como la ubicación (rural o urbana) o el tipo de actividad (ocasional o dedicada)».

Una situación que se ha traducido, aseguran desde Airbnb, en «prohibiciones generales en algunas ciudades, regulaciones regionales restrictivas amplias o una burocracia excesiva que está expulsando a quienes realizan esta actividad de manera ocasional, principalmente familias, sin resolver ninguno de los problemas».

Críticas al sector hotelero

Por otro lado, añaden que las limitaciones acaban afectando a la competitividad de España como destino familiar, pues las viviendas turísticas son una opción para «el turismo familiar que simplemente busca encontrar alojamiento asequible en zonas no masificadas».

Según Airbnb, su modelo contribuye «a dispersar a los viajeros por España«, beneficiando «a miles de comunidades rurales», pues «ofrece opciones de viaje asequibles para familias».

En este sentido, desde la empresa se muestran muy críticos con el sector hotelero, por «la enorme huella que dejan allí donde están presentes, la mayoría áreas ya abarrotadas por su propia oferta, esquivando la proporcionalidad regulatoria y su responsabilidad sobre el turismo de masas».

Y afirman que las limitaciones acaban promoviendo la dependencia de la economía turística española «de cadenas hoteleras internacionales, superconcentradas en determinadas áreas urbanas y de la costa, que alimentan el turismo de masas y elevan los precios de los alojamientos para los viajeros, con pocos o ningún beneficio para las familias locales».

Las soluciones de Airbnb

Ante estas limitaciones, Airbnb propone un modelo de regulación que tenga en cuenta estas necesidades «de las áreas menos frecuentadas y conocidas, típicamente rurales, en contraste con la complejidad de los ámbitos urbanos», ya que «promueven la dispersión de los viajes por toda España».

Además, exigen que las normativas distingan «claramente» entre las actividades empresariales a través de alquileres turísticos dedicados únicamente al alquiler de corta duración y el hospedaje ocasional en los hogares de las familias», pues consideran que el alquiler de una primera residencia o una casa familiar de vacaciones «aporta ingresos extra a las familias y no afecta a la oferta total de vivienda disponible».

La compañía también reclama un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea; según la normativa de la UE, con el objetivo de incrementar la transparencia para «facilitar que las administraciones públicas tomen mejores decisiones». Así, desde Airbnb piden reglas que se basen en evidencias y datos, para que sean «proporcionadas, no discriminatorias y justificadas».