¿Adiós a MUFACE? Estos son los países de Europa en los que se eliminó el modelo sanitario
El fin del mutualismo administrativo: España sigue el camino de Italia, Grecia y Portugal
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría marcar el fin del mutualismo administrativo en España. Según su informe, este sistema resulta una excepción dentro del modelo sanitario español y de los países de su entorno, y aboga por su eliminación progresiva.
Según la AIReF, el mutualismo administrativo en España solo tiene equivalentes en tres países de la Unión Europea: Alemania, Francia y Luxemburgo. Sin embargo, estas naciones cuentan con sistemas sanitarios de tipo Bismarck, basados en cotizaciones a la seguridad social, mientras que el español sigue el modelo Beveridge, que garantiza la cobertura universal financiada por impuestos.
En este contexto, España se convierte en una excepción dentro de su modelo de referencia, ya que otros países con sistemas sanitarios similares, como Italia, Grecia y Portugal, han eliminado sus regímenes especiales de funcionarios, integrándolos en los sistemas generales de salud.
Italia: unificación desde 1978
Italia dio un paso decisivo en 1978 con la creación del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), que absorbía la asistencia sanitaria de los funcionarios, hasta entonces cubierta por el Ente Nazionale Previdenza e Assistenza ai Dipendenti Statali (ENPAS). Este sistema, vigente desde 1897, proporcionaba beneficios exclusivos a los empleados públicos a través de un modelo de cotizaciones obligatorias.
Aunque el SSN asumió la asistencia sanitaria de los funcionarios, estos conservaron ventajas adicionales, como el acceso a seguros privados con tarifas preferenciales. No obstante, su integración al sistema público supuso un cambio estructural profundo, alineándose con el principio de universalidad sanitaria.
Grecia: la crisis como detonante
El caso de Grecia refleja cómo las reformas estructurales pueden acelerar la integración de los regímenes especiales. En 2011, el Organismos Perithalpsis Asfalismenon Dimosiou (OPAD), que brindaba cobertura específica a los empleados públicos, fue absorbido por el sistema nacional de salud como parte de las medidas de ajuste derivadas de la crisis financiera.
Este sistema, financiado con aportaciones de funcionarios y del Estado, garantizaba acceso a una red de hospitales y permitía la restitución parcial de gastos en servicios privados. Con la integración al sistema general, Grecia consolidó una transición hacia el modelo Beveridge, eliminando diferencias entre funcionarios y el resto de ciudadanos.
Portugal: un proceso de décadas
En Portugal, la incorporación de los funcionarios al sistema nacional de salud se inició en 1979, aunque el proceso culminó en 2014, cuando el gobierno suprimió la contribución estatal al régimen mutualista de los empleados públicos.
Durante años, este sistema coexistía con el Servicio Nacional de Salud (SNS) como una opción complementaria. Sin embargo, las reformas económicas derivadas de la crisis de 2008 llevaron a la eliminación de privilegios y la completa integración de los funcionarios en el sistema público.
Un precedente en España: la extinción de Munpal
El proceso de integración del mutualismo administrativo en el sistema general de salud no es algo nuevo en España. Un claro ejemplo fue la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (Munpal), que en 1993 fue absorbida por el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS), afectando a más de 400.000 mutualistas.
Para amortiguar el impacto económico, se estableció una cotización adicional del 1% sobre el personal activo que se incorporaba al nuevo sistema. Esta medida transitoria permitió gestionar el costo de la transición sin afectar la sostenibilidad del sistema sanitario.
¿El futuro de MUFACE?
Dado el contexto europeo y el precedente nacional, el informe de la AIReF plantea si España debería seguir el mismo camino y eliminar progresivamente MUFACE, ISFAS y MUGEJU, las mutualidades de los funcionarios civiles, militares y judiciales, respectivamente.
Mientras algunos sectores defienden el mantenimiento del sistema actual por sus ventajas en rapidez y libertad de elección, otros argumentan que perpetuarlo genera una desigualdad entre funcionarios y el resto de ciudadanos. Además, su coste para el Estado y su sostenibilidad a largo plazo también son aspectos en discusión.
El debate sobre MUFACE está abierto, y su futuro dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. Si se sigue el modelo de otros países europeos, podría ser cuestión de tiempo para que el mutualismo administrativo en España pase a la historia.
