Adeslas fuera, DKV y Asisa en duda: diez días para resolver la crisis de Muface y 5.000 millones en juego

Quedan menos de diez días para dar solución a la crisis de Muface, después de que una de las tres aseguradoras que ahora mismo da el servicio de la Mutualidad, Adeslas, anunciara su salida y las otras dos, DKV y Asisa, deshojan la margarita sobre si continuar o no con un negocio de casi 5.000 millones en tres años.

El Gobierno ha dado de plazo hasta el 15 de enero a las compañías para presentarse al concierto. En total, dado que cubre tres años, supone un negocio de unos 4.478 millones de euros, lo que equivale a un incremento de 957 millones respecto al periodo anterior. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. La prima por mutualista pasaría de los 1.031,12 euros en la actualidad a 1.262,28 euros en 2027.

Adeslas, que atiende a un tercio de los beneficiarios de Muface, ya anunció que no se presentaría al nuevo concurso ya que estas condiciones, a pesar de que se ha elevado la prima un 33,5%, le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024.

A finales de 2023 Adeslas atendía a 508.703 personas, un descenso del 15% desde 2010, cuando asistía a más de 600.000. Desde 2011 los funcionarios de nuevo cuño acceden directamente a la Seguridad Social, mientras que los que disfrutaban de este beneficio pueden elegir si se incorporan a la sanidad privada o lo hacen en la pública.

El gran cambio ha venido dado por los atendidos a través de la Seguridad Social, que se han disparado más de un 70% hasta los 457.307 en 2023.

Por su parte, DKV y Asisa están todavía revisando las condiciones del concierto y decidiendo si se presentan de nuevo, después de que se publicaran informaciones de la salida de la primera de ellas. La preocupación es mayor todavía, dado que es la aseguradora que da servicio a los funcionarios desplegados en el exterior desde hace más de una década.

Asisa, que estaría planteándose asumir el servicio de Muface al completo, ha perdido un 23% de los cubiertos en esta década larga: de 473.905 en 2010 ha pasado a 363.946 en 2023.

Por el momento, hasta que se resuelva esta segunda licitación, el Gobierno ha decidido prorrogar el concierto actual durante un periodo máximo de tres meses y por un importe de 343 millones de euros. Las primas que pagará Muface a las aseguradoras durante estos tres meses serán las primas ofrecidas en el nuevo concierto para 2025, por lo que suben un 19,37% de media.

Ante la situación extraordinaria del concierto, el Gobierno ha dado de plazo a los funcionarios hasta el 31 de enero para decidir si siguen por la privada o pasan a atenderlos en la sanidad pública. Esta decisión tendría una validez de tres meses, ya que una vez entre en vigor el nuevo convenio se abriría un periodo especial de elección: «A partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto y hasta la fecha que se disponga, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde el servicio de salud autonómico a una entidad concertada o entre entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio».

En cualquier caso, el Gobierno que preside Pedro Sánchez ya está haciendo preparativos para el supuesto de que Muface decaiga en un futuro próximo. En un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno consideraba factible incorporar a la atención pública a todo el colectivo de 1,5 millones de beneficiarios de Muface.

«Existen antecedentes de incorporación importante de personas a la sanidad pública derivada de cambios en el modelo de aseguramiento. En 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD y, en 1989, se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia», apunta el documento del Ministerio que dirige Mónica García.