ACS, Telefónica, Repsol y Mapfre se atascan en Perú: demandas de 5.000 millones y una salida abrupta
ACS le reclama 1.100 millones al Gobierno de Perú, mientras que Telefónica huye del país y vende la deuda
Las compañías españolas enfrentan litigios con el Gobierno de Perú.
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Las empresas españolas con negocio en Perú han encallado con la Administración, la Justicia y problemas económicos en el país. Compañías como la constructora ACS tienen litigios contra el país por unos 1.100 millones, mientras que otras como Repsol y Mapfre se enfrentan a una demanda de 4.300 millones por un derrame de crudo. Telefónica, con litigios milmillonarios y una abultada deuda, ha abandonado el territorio recientemente.
El continente sudamericano ha sido uno de los destinos preferidos de inversión durante décadas para diferentes empresas españolas. Países como Argentina, Brasil o México siempre han estado en el foco de las multinacionales patrias, si bien Perú también ha atraído a diferentes empresas españolas para desarrollar negocios energéticos, de infraestructuras o telecomunicaciones.
No obstante, para algunas su actividad en el país ha ido tomando un carácter conflictivo con las autoridades locales que ha desembocado en litigios fiscales, demandas por daños ambientales y situaciones financieras límites.
En el caso de ACS e Iridium, su filial de concesiones, el grupo de Florentino Pérez reclama más de 1.100 millones de dólares (unos 967 millones al cambio actual) a Perú en tres arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi) por los reiterados incumplimientos del contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima.
La cifra incluye compensaciones por daños financieros, sobrecostes y retrasos acumulados en distintas fases del proyecto. El conflicto ha escalado hasta el punto de que la concesionaria ha iniciado acciones legales para embargar activos del Estado peruano en Luxemburgo por un monto de 315 millones de dólares.
La amenaza de embargo llega tras la negativa de Perú a pagar voluntariamente la parte del laudo arbitral del CIADI, que no está suspendida por una solicitud de revisión en curso.
El tribunal arbitral condenó al país andino a abonar más de 456 millones de dólares más intereses a la concesionaria, de los cuales ya se han pagado 106 millones. El resto, 315 millones, sigue pendiente y podría estar en riesgo de ejecución forzosa.
El arbitraje se inició en 2017 y la decisión definitiva, con correcciones incluidas, llegó en octubre de 2024. Las reclamaciones se centraban en retrasos en la entrega de terrenos y aprobaciones técnicas, elementos que, según la concesionaria, provocaron sobrecostes y perjuicios millonarios.
Además de este laudo ya firme en gran parte, ACS mantiene abiertos otros dos arbitrajes adicionales contra el Estado peruano por los mismos problemas contractuales acumulados en distintas fases del proyecto.
Telefónica sale de Perú por 900.000 euros tras años de litigios y pérdidas
Telefónica es otra de las compañías españolas que ha mantenido litigios fiscales durante años con las autoridades peruanas. La teleco que dirige Marc Murtra ha cerrado recientemente la venta de su filial de Perú por un precio simbólico de 900.000 euros en una operación donde la firma del acuerdo y la ejecución de la transacción se llevaron a cabo de forma simultánea.
La venta a la empresa argentina Itegra Tec Internacional supone la asunción por parte de la compradora de las deudas de la sociedad, de en torno a 1.200 millones de euros.
Telefónica había pedido voluntariamente el pasado 14 de febrero —un mes después del aterrizaje de Murtra a la presidencia— el concurso de acreedores para responder a la crisis financiera que afecta al negocio en el país andino, así como a los pleitos fiscales que arrastra desde hace dos décadas por más de 1.000 millones de euros.
Dichos litigios se deben al conflicto que mantiene con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en el país. Al mismo tiempo, la compañía había llevado el pleito fiscal al Ciadi.
Más allá de los litigios, la filial peruana de Telefónica pasa por una situación de negocio complicada. Según sus propias cuentas, en 2024 registró unas pérdidas netas de 3.391,59 millones de soles peruanos (unos 872 millones de euros) en 2024, lo que supone multiplicar por 5,5 veces el resultado negativo del ejercicio anterior.
Repsol y Mapfre se enfrentan a una demanda de 4.300 millones por un derrame de petróleo
En cuanto a Repsol y Mapfre, su situación en Perú pasa por un momento delicado. La petrolera que dirige Josu Jon Imaz fue protagonista de un vertido de petróleo en la Refinería de la Pampilla en enero de 2022, calificado por Naciones Unidas como «el peor desastre ecológico en la historia del país».
Meses después del suceso, se admitió a trámite una demanda civil por daños y perjuicios por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (Indecopi) contra Repsol, Mapfre y la naviera italiana Fratelli d’Amico Armatori y Transtotal Marítima como operadores del buque.
En la demanda, el organismo peruano exige una compensación de 4.500 millones de dólares (unos 4.300 millones de euros), de los cuales 3.000 millones corresponden a daños directos y 1.500 millones a daños morales de los afectados por el derrame.
En su último informe financiero, Repsol asegura que tanto la petrolera como Mapfre «han sido notificados con la demanda el 14 de mayo del 2024 y han cumplido con presentar sus defensas de forma y fondo oportunamente».
Pese a la delicada situación y a la abultada compensación que piden las autoridades de Perú, Repsol confía en que los tribunales del país «terminarán por desestimarla», basándose en el criterio de sus abogados externos y habiendo revisado todos los argumentos de las partes demandantes.
Las compañías españolas han presentado sus defensas y planteando recursos de nulidad contra el auto de admisión de la demanda. Asimismo, han interpuesto nuevas demandas contra la naviera, elevando el total de sus reclamaciones de indemnización a 450 millones de euros.
La primera demanda fue interpuesta en 2023 contra Fratelli D’Amico Armatori por «incumplimiento de obligaciones y responsabilidad extracontractual».
Más adelante, Repsol y Mapfre han añadido nuevas por compensaciones relacionadas con daños, limpieza y otros gastos relacionados. Una ya ha sido admitida a trámite, en la que se reclama 197,5 millones de dólares y otras dos, interpuestas el pasado enero contra la naviera y la aseguradora The Standard Club Ireland, reclaman un total de 265 millones de dólares.
