ACS y Prosegur se juegan 140 millones con el traspaso de Cercanías a la Generalitat
Clece, filial del grupo presidio por Florentino Pérez, se encarga de la limpieza de los trenes de Renfe en Cataluña y la compañía de servicios de seguridad a la vigilancia en las instalaciones de Adif
Imagen de archivo de un tren Renfe de Rodalies / EFE
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El traspaso del servicio de Cercanías a la Generalitat va mucho más allá de Renfe, Adif, el Ministerio de Transporte y el Govern de Pere Aragonés. Aparte de los miles de trabajadores que tienen tanto la operadora ferroviaria como la gestora de infraestructuras en Cataluña, existen decenas de empresas más vinculadas a la gestión de Rodalies.
Renfe y Adif suelen subcontratar a otras corporaciones para que les presten servicios auxiliares. Entre estas compañías, que no se mencionan en la letra pequeña del acuerdo entre ERC y el PSOE anunciado este jueves, se encuentran dos gigantes como ACS y Prosegur, que se juegan contratos por 139 millones en esta cesión.
Clece, una de las muchas sociedades del grupo presidido por Florentino Pérez, tiene adjudicado hasta 2025 el servicio de limpieza y mantenimiento de los inmuebles, trenes, locomotoras, estaciones y talleres que tiene Renfe en Cataluña, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La filial del grupo ACS se hizo con esta licitación lanzada por la empresa pública a finales del año pasado, después de pujar con 86 millones de euros por el lote correspondiente a Cataluña. El presupuesto base de la licitación era de 117 millones.
Por su parte, Prosegur se encarga desde 2022 y hasta 2025 de operar el servicio de vigilancia y seguridad en las instalaciones de Adif ubicadas en el Noreoeste de la Península, es decir, Cataluña y Aragón. La compañía dirigida por Christian Gut se hizo con el lote que representa esta región en el millonario concurso de 269 millones de euros lanzado por la empresa presidida por María Luisa Domínguez el año pasado.
Prosegur, que también ganó el lote correspondiente al centro de España, entró en la seguridad de la región Noroeste tras pujar con 51 millones de euros, justamente la cifra marcada como presupuesto base por Adif. De todas las estaciones y oficinas incluidas en este lote, más de dos terceras partes se encuentra en territorio catalán.
Limpieza, mantenimiento, seguridad…
Clece y Prosegur son dos ejemplos de compañías involucradas en la operativa ferroviaria en Cataluña, pero, como ellas, hay muchas más empresas de todos los tamaños que se han quedado en medio del acuerdo político. Por ejemplo, la multinacional alemana TK Elevator gestiona por 2 millones de euros el mantenimiento de las escaleras mecánicas de las estaciones en la región catalana y aragonesa; mientras que una filial de Cobra, Comsa o Serveo están a la espera de la adjudicación final de un contrato de 7 millones de euros para el mantenimiento de las estaciones catalanas.
El traspaso de Rodalies se va a ir ejecutando poco a poco, pero, por ahora, no queda claro qué pasará con estos servicios subcontratados. Tal y como pactó ERC con el PSOE a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez, constituirán una sociedad mercantil llamada Rodalies Catalunya, con una participación mayoritaria de la Generalitat y una minoritaria del Estado, que se dotará “de los recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios” para la prestación de los servicios por parte de Renfe.
“Se establecerán mecanismos técnicos que permitan que la Generalitat pueda visualizar de forma dinámica y disponer de los datos el estado de la circulación en toda la red de Rodalies de Catalunya para poder conocer la ubicación de los trenes e incidencias en tiempo real”, dice el acuerdo. Sin embargo, no menciona subcontrataciones como la de Clece, por lo que, lo más probable, es que una vez finalice la creación de la nueva compañía, esta sociedad se encargue de lanzar nuevas licitaciones.
En lo que refiere a la infraestructura ferroviaria actualmente gestionada por Adif, los partidos políticos también pactaron traspasar al Govern su titularidad. Para llevarlo a cabo, se creará una comisión entre administraciones que determinará el despliegue del “marco normativo” y las condiciones económicas necesarias, incluyendo “las necesidades económicas para cubrir el mantenimiento, así como los necesarios acuerdos que aseguren la gestión y control de la circulación ferroviaria y la garantía del cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria”. En otras palabras, todo quedará en manos de dicha comisión.
