La Justicia confirma la condena a ACS por competencia desleal contra Iberdrola
Para la Audiencia Provincial de Madrid la compañía de Florentino Pérez difundió información “denigrante” contra Iberdrola relacionada con el caso Villarejo
Florentino Pérez realiza una llamada telefónica
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia emitida por un tribunal madrileño contra ACS por prácticas de competencia desleal en perjuicio de Iberdrola, señalando que la empresa dirigida por Florentino Pérez difundió información «denigrante» sobre la relación entre la eléctrica y el excomisario José Manuel Villarejo.
Según una sentencia fechada el 5 de marzo y obtenida por EFE, la Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso presentado por ACS contra la sentencia del 19 de abril de 2022 del Juzgado Mercantil Número 4 de Madrid, que ya había fallado a favor de Iberdrola.
La empresa liderada por Ignacio Sánchez Galán demandó a ACS por difundir información para «menoscabar su crédito en el mercado», tras su implicación en un caso relacionado con los negocios del excomisario Villarejo.
Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2021, cuando el periódico El Confidencial publicó un artículo titulado «Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo«, donde se mencionaba una cifra que, según el periódico, representaba el daño causado por el presidente de Iberdrola al impedir que ACS tuviera representación en el consejo de la eléctrica.
La Justicia critica el objetivo de perjudicar la competencia
Según la Audiencia Provincial, la información difundida en la noticia «era plenamente pertinente y relevante para alterar la opinión de mercado sobre la situación económica y patrimonial de la compañía, ya que es un hecho notorio que los inversores tratan de anticiparse a cualquier eventualidad de las compañías, formando criterios a partir de noticias como la indicada, por lo que su filtración se considera un abuso de mercado».
Aunque no se especificó el alcance del perjuicio y se dejó la posibilidad abierta de cuantificarlo en el futuro, Iberdrola argumentó en su demanda que «el daño a su imagen, credibilidad y reputación corporativa genera un perjuicio que, lejos de ser abstracto, es inmediato y duradero», ya que afecta a la marca como expresión de su prestigio y reputación».
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid destaca que «difundir al mercado una noticia que implica que una compañía pueda enfrentar una condena pecuniaria por una suma que equivale a tres cuartas partes de su beneficio neto del año anterior, es objetivamente capaz de perjudicar su buena reputación en el mercado».
Una demanda con más de 10 años de vida
El conflicto entre ambas empresas se originó en 2012, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya rechazó un recurso de ACS contra una sentencia que respaldaba la decisión de Iberdrola de impedir el acceso de la constructora a su consejo de administración, argumentando que ambas son «directa y efectivamente competidoras» en áreas específicas.
En 2015, el Tribunal Supremo invalidó varios acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola de 2011 que habían sido impugnados por ACS, aunque respaldó la restricción de los derechos de voto de la constructora, que era el punto central de la disputa.
La noticia publicada por El Confidencial surgió dos días antes de la presentación de los resultados de 2020 de Iberdrola, algo que la compañía argumentó que «no podía considerarse como un hecho casual, sino más bien como evidencia de mala fe y una intención deliberada de causar el mayor perjuicio posible».
Iberdrola sostiene que fue «una maniobra retorcida y maliciosa para, de manera descarada, advertir y/o amenazar a los inversores, accionistas y clientes de que ACS planea presentar una demanda por una cantidad claramente desproporcionada».
